Contraloría da de baja a 200 constructoras por “obras más construidas”: Bardales

La Contraloría de Hidalgo dio de baja este mes el registro de 200 empresas constructoras por irregularidades en obras públicas del ejercito fiscal 2022, por lo que se encuentra en proceso de calificar la gravedad la falta, indicó el titular de dependencia, Álvaro Bardales Ramírez.

En entrevista con Acrópolis Noticia, indicó que entre las conductas cometidas por estas firma se encuentra la falta de entrega-recepción, ya que los ayuntamientos se negaron a recibir las obras por estar “mal construidas”.

El funcionar indicó que las faltas no graves se castiga con la baja del padrón de proveedores, mientras que las administrativas graves ameritan una inhabilitación por cinco año, mientras que si se detectan desvíos de recursos o que la obra no está terminada, harán denuncias ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).

Este proceso de calificación de las faltas cometidas por las constructoras terminará en un plazo no mayor a un mes, dijo, pues las firmas acuden ante la Contraloría estatal y los ayuntamientos, además de se encuentran presentando pruebas o terminado las edificaciones.

Están haciendo lo que es posible para evitar problemas”, dijo. 

Insistió en que las 200 ya están dadas de baja del padrón de proveedores del gobierno y falta publicar en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) a las que serán inhabilitadas, lo cual estimó que efectuarán en la primera quincena de marzo.    

Bardales Ramírez indicó que estás constructoras no están relacionadas con la Estafa Siniestra, cuyos proceso administrativos y penales contra los involucrados todavía no terminan.

El año pasado, añadió el contralor, dieron de baja del padrón de proveedores del gobierno estatal a 150 entes privados, de los cuales 100 fueron inhabilitados por cinco años y 15 denunciados ante la PGJH.

DatoAcro

-Indicó que en Tezontepec de Aldama una obra de reencarpetamiento de 6 millones de pesos no pasó las pruebas de laboratorio, por lo que la presidencia municipal está obligando a la empresa a volver a hacer hacerlo, para lo cual tiene un plazo de tres meses.

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