Tras la vinculación a proceso de Leonardo Escudero Sánchez, director Reglamentos y Espectáculos en la pasa administración, por la expedición de 21 licencias de funcionamiento apócrifas, el alcalde de Pachuca Sergio Baños Rubio reconoció que dos de este tipo son de él y su hermano; sin embargo, se dijo víctima del caso.
Durante la audiencia de la causa penal 1641/2023, realizada el lunes pasado, la defensa del exfuncionario del gobierno de Yolanda Tellería Beltrán señaló que dos folios (6224 y 6225) son de permisos del edil y su familiar, los cuales se encuentra después del 6 mil, mismo que, según la imputación, son falsos, pero no están dentro de la denuncia.
Afirmó que con la aplicación de la política de mejora regulatoria en el municipio se percataron de que las licencias que se otorgaron a él y a su hermano eras piratas.
“Cuando quiere pagar la licencia al renovar el año 2021, pues obviamente sale con la mejora regulatoria (…), pues sale que la licencia era apócrifa, de una serie 6000”, abundó.
Indicó que el dinero pagado por las licencias nunca entró a las arcas del ayuntamiento y que su licencia “verídica” se convirtió en falsa y “se perdió en 2011”.
“Mi licencia la había perdido cuando era 100 por ciento real y verídica para convertirse en apócrifa y falsa”, sostuvo el también empresario.
Cuestionado sobre cómo pasó una licencia de 20 años en su poder a una pirata, mencionó que solamente recuerda que esto se pudo deber a que su hermano fue timado por Escudero Sánchez, quien le dio otra licencia. Aseveró que él no tuvo contacto con el exdirector de Reglamentos y Espectáculos.
En tanto, se dijo “víctima” de fraude, del cual aclaró que ya no se puede recuperar su licencia por el nuevo marco de la mejora regulatoria.
Baños Rubio afirmó que en su momento no denunció esta conducta ilícita, aunque de ser requerido por las autoridades a testificar sostuvo que “con mucho gusto” lo hará.
“Con mucha tristeza y mucha desgracia perdí una licencia de funcionamiento que hace años yo tenía y me duele en el corazón”, aseveró.
El edil aseguró que muchas personas fueron defraudadas por esta situación, por lo que ahora corresponde a las instancias pertinentes hacer la investigación, dijo.
Apuntó que el área jurídica es la que “trae” el número de denuncias, al tiempo que llamó a todas las personas que hayan pagado un Serie 6000 en adelante a denunciar.
Atribuyó las “menciones” a su persona a “una guerra sucia” para aparentar que se encuentra en situación de fraude, al tiempo que afirmó que ambas licencia ya no operan, lo cual -dijo- se puede corroborar en la Secretaría de Desarrollo Económico.
“Y no tenemos, y lo pueden corroborar, esa licencia nunca fue pagada, nunca, nunca fue pagada (de forma ilícita)”, aseguró en su defensa.
SÍNDICA: USARON PAPEL NO OFICIAL
Al respecto, la síndica procuradora de Pachuca, Lilian Mera Curiel, indicó que la denuncia por 21 licencias falsas fue presentada por el titular de Desarrollo Económico del municipio, Ricardo Rivera Barquín, tras detectar anomalías en las mismaS.
Indicó que el ayuntamiento de Tellería Beltrán solo tenía 6 mil folios, por lo cual los que rebasan esa cifra son apócrifos.
“Ya que tenían una numeración de hasta 6 mil 300, porque la administración de Yolanda solo manejaba una numeración del uno al 6000 (…) estas licencias que se detectaron rebasaban ese folio, además de que los documentos no fueron impresos con el papel oficial y también se detecta de que no hay registro de los pagos de dichos trámites”, expuso.
La asambleísta de Morena aseveró que 26 personas denunciaron ese acto ilegal, cuya inconsistencia se detectó cuando los propietarios fueron a realizar algún trámite como la renovación.
Mera Curiel coincidió con la versión del alcalde respecto de que las dos licencias vinculadas con Baños Rubio fueron canceladas, según Desarrollo Económico, en contraste a lo que acusó la defensa del imputado, en el sentido de que ambas seguían con validez.
Agregó que en el peritaje se demuestra que la firma en las licencias falsas es del exfuncionario de la administración panista.
La síndica apuntó que parte de las víctimas refieren haber pagado a un tercero por la expedición de las licencia, “por debajo del agua”, que resultaron apócrifas.
Reportero