A través del amparo, pobladores de la ranchería de Pueblo Nuevo, en Mineral del Monte, exigen al gobierno federal una indemnización por al menos 12 millones de pesos para 56 familias por el trazo de la autopista Real del Monte-Huasca sobre 12 mil metros de su propiedad, de régimen comunal, que acreditan con un decreto presidencial de 1924, pues la compensación por eso mismo monto fue entregada a otra persona con un “título supletorio” y no a ellos.
Con la promoción del juicio de garantías 321/2024, el Juzgado Tercero de Distrito les otorgó la suspensión definitiva el 20 de marzo, por lo que el gobierno federal no puede realizar trabajos en ese tramo de la carretera, la cual comprometió inaugurar en agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En conferencia del prensa, el abogado Julio Gálvez Bautista afirmó que las tierra fueron dotadas a los pobladores de la demarcación con un decreto presidencia de 1924, tras solicitar una restitución de tierras que no procedió, pero obtuvieron un título de tierra a través de un “régimen intermedio” comunal y tener terrenos para su desarrollo.
En su decreto se habla de que mientras tanto no sean repartidas las tierras a las familias que conforman en ese momento la ranchería, 56 familias, reparten eso a las 56 familias, pero mientras tanto no se repartan las tierras, esas 56 familias, entonces existe un régimen intermedio comunal, y así lo establece el decreto, hasta en tanto no te repartas la tierras aquí hay un régimen comunal”, expuso.
El representante legal afirmó que la indemnización por el paso de la vía sobre el tramo de 12 mil metros cuadrados en sus terrenos fue entregada por la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses en favor de Román Vega Cerón, que en 2006 realizó el trámite de compra del espacio a Evangelina Pérez Abreu, que a su vez dijo ante notaria pública que lo había adquirido en 1946 por 800 pesos e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad (RPP) en 1987: 41 años después.
Gálvez Bautista recordó que cualquier documento posterior a 1924 no tiene validez, pues al ser la ranchería de Pueblo Nuevo -un espacio de 687.29 hectáreas- un régimen comunal, es de todos, no está dividido y legalmente nadie tiene escrituras.
Indicó que la inmediación por el uso de sus terrenos no existe a favor de Pueblo Nuevo, por lo cual no se hizo un proceso de expropiación por utilidad pública con los verdaderos propietarios.
Indicó que el exgobernador entonces del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue el encargado de solicitar directamente con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en dos ocasiones, recursos para el pago de las compensaciones, por lo que sugirió a la administración del morenista Julio Menchaca Salazar indagar el eso del recurso.
Añadió que los pobladores ya inscribieron el decreto ante el Registro Público de la Propiedad, por lo cual no requieren un escritura.
Cómo es posible que existan políticos que tengan cabañas en Pueblo Nuevo, empresarios con escrituras que tienen como antecedentes jurisdicciones voluntarias, cuando los señores de Pueblo Nuevo tiene un decreto presidencial de 1924. ¿Que significa?, que los señores han sido víctimas de invasiones durante todos estos años”, apuntó.
Indicó que en el juicio de amparo las autoridades alegan público, que existe, pero también existe el interés de la comunidad perteneciente a Mineral del Monte, que además de la carretera, “han sido invadidos por políticos (…) se robaron la tierra”.
NO ESTÁN EN CONTRA DE LA OBRA
Gálvez Bautista afirmó que sus representados no están en contra de la obra que encabeza al SICT del gobierno obradorista, pero exigen una indemnización de al menos 12 millones de pesos, como la que recibió el supuesto duelo que acreditó la propiedad con “jurisdicciones voluntarias”; es decir, en los que pidieron acreditar la tenencia ante un juez civil sin disputa.
No obstante, afirmó que en su avalúos de los 12 mil metros cuadrados de predio trazado, en el cual ya se construyó parte del puente hasta la suspensión definitiva otorga por el Juzgado tercero de distrito, el valor llega a los 18 millones de pesos.
Añadió que la solicitud de los recursos por concepto de indemnización es a la SICT.
Pascual López Ramírez, presidente del consejo de administración de la sociedad Real Zumate (conformada para la defensa del caso) y poblador de Pueblo Nuevo, afirmó que desde el 2000 enfrentan la tala clandestinas y ahora sus bosques tienen afectaciones por la sustracción del agua para la obra carretera.
Nos ha afectado en el tema ecológico (…) ahorita tenemos mucho bosque que se está secando , deshidrataron nuestra madre naturaleza, pusieron en riesgo lo más valioso que teníamos, que son los pulmones (…) ese bosque”, expuso.
Respecto a ese tema, el abogado dijo que presentarán tres amparo, pues las constructoras están descargando sus desechos en los bosques de Pueblo Nuevo.
DatoAcro
-El juicio de amparo, del cual se desprende la suspensión de la obra en el tramo referido, fue promovido el pasado 15 de febrero.
-El expediente está promovido contra actos de las secretarías de Hacienda e Infraestructura Pública de Hidalgo y la SICT.
-“El decreto establece perfectamente bien que en tanto no se repartan la propiedad debe de operar un régimen comunal; por lo tanto, a quien le pagaron las afectaciones por la carretera, pues es aun pago ilegal, porque aquí los señores son los verdaderos propietarios, no les pueden pagar las carreteras a personas que compraron con títulos de propiedad con antecedentes en jurisdicciones voluntarias; el gobierno del estado (anterior) debió haber verificado”, expuso el abogado.
Editor general, reportero