Guadalupe Orona Urías
“El estado de Hidalgo registra un rezago de 224 mil 369 viviendas propias sin escritura, cifra que representa 3.2% del total nacional…” (Milenio, 14 de enero de 2026). A nivel nacional, México acumula 7 millones 13 mil 991 viviendas propias sin escritura, lo que equivale a 26.2% del parque habitacional (Sedatu); es decir, que una de cada cuatro viviendas no cuenta con certeza jurídica, no tiene escrituras, lo que constituye un problema grave para todas las familias que se encuentran en dicha situación, pues, en principio, obtener la certeza jurídica es el primer paso, en la mayoría de los casos, para acceder a otros derechos: servicios básicos, infraestructura, crédito y seguridad patrimonial; para los gobiernos de las diferentes entidades representa un reto estructural en materia de regularización del suelo y seguridad patrimonial.
El rezago en Hidalgo es casi igual, en cantidad, a la que tiene Jalisco, con 227 mil 586 lotes sin escrituras; pero si consideramos la población de una y otra entidad, Hidalgo 3 millones 300 mil habitantes y Jalisco 8 millones, 821 mil, entonces podemos dimensionar el gran atraso de Hidalgo en este ámbito, una relación que deja al desnudo las pocas o casi nulas acciones de este gobierno para dar certeza jurídica a los hidalguenses que cuentan con una vivienda propia pero sin regularizar.
Las instituciones públicas gubernamentales encargadas de llevar a cabo la regularización de predios en las diferentes entidades son tres, fundamentalmente: la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI, en el caso de Hidalgo), INSUS(Instituto Nacional del Suelo Sustentable) y la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Así que, en el caso de Hidalgo, fundamentalmente la tarea y responsabilidad recae en CEVI, que depende del gobierno del estado, del gobernador en turno; por lo tanto, podemos decir, que los resultados casi nulos de CEVI son, a su vez, los resultados del ejecutivo en este rubro.
Pero las instituciones del ámbito federal no se pueden quedar al margen, pues también es su obligación atender y resolver, pero al igual que la Comisión de Vivienda en Hidalgo, tampoco se ven grandes resultados ni avances sostenidos, cuando, el mismo gobierno federal reconoce que existen más de 7 millones de viviendas sin escrituras. Por ejemplo, en el caso de SEDATU, tiene un programa especial para la regularización, PRAH (Programa para Regularizar Asentamientos Humanos), y un presupuesto de 87 millones para ejecutar dicho programa, pero resulta, que para el ejercicio fiscal 2026sólo tiene contemplado atender a 6 mil 162 familias, de más de 7 millones sin escrituras en todo el país: “El presupuesto con el que cuenta el PRAH para este año es de 87 millones 559 mil pesos, con los cuales se busca atender a 6 mil 162 familias que no cuentan con certeza jurídica sobre sus hogares en todo el país. No obstante, se destaca que el cumplimiento de esta meta está sujeto a la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio de los recursos” ¿Se logrará así abatir el tremendo rezago en la regularización de predios y viviendas? A ese ritmo, ¿terminarán algún día con la espera de esos millones de familias para tener certeza sobre la propiedad de su vivienda?
La otra instancia federal con potestad para regularizar es el INSUS. Su titular ha declarado que “existe un proceso establecido para regularizar los predios irregulares, el cual, dice, no es complejo, contrario a lo que la gente piensa. Si el lugar cumple con estándares establecidos, como que no sea una zona de alto riesgo, pueden regularizarlo”. Que dicho proceso cuesta entre 5 mil y 15 mil pesos. El precio depende del tamaño del predio y de las condiciones de la zona donde está. Lo cierto es que tampoco puede presumir de grandes avances; la burocracia, la indolencia y la poca sensibilidad ante la problemática son permanentes en sus oficinas; no concreta, no resuelve y, los antorchistas de Hidalgo lo sabemos de primera mano, no nos lo han contado.
Las preguntas, ante esta problemática, son válidas ¿Por qué tanto rezago? Incluso, ¿por qué la oposición abierta de los gobiernos a regularizar?
Considero, de acuerdo con la experiencia del Movimiento Antorchista, que quizás sean dos causas fundamentales:
1) que en muchos gobiernos tienen “por ley” negar los servicios básicos e infraestructura a las colonias irregulares (ley estatal o municipal que viola la Constitución Mexicana), y así, según ellos, “no están obligados” a “gastar” o destinar presupuesto a las cientos o miles de colonias irregulares.
2) Regularizar nos les reditúa ninguna ganancia o porcentaje de utilidad como las grandes y faraónicas obras; el impuesto predial no es suficiente atractivo. También les es de utilidad negar la solución, pues así pueden dividir a las colonias y engañar ingenuos que les sirvan para sus campañas o aviesos propósitos.
Pero también los antorchistas tenemos claro cuál es la solución: nuestra unidad y lucha para hacer que las autoridades cumplan con su responsabilidad y entreguen las escrituras a todas las colonias que lo están exigiendo.
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