La justicia administrativa en México enfrenta retos complejos en un entorno donde la legalidad, la defensa de derechos y la eficiencia son exigencias crecientes. En el centro de ese desafío se encuentra José Ramón Amieva Gálvez, Magistrado de Sala Superior y actual Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Amieva Gálvez proviene de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, y posee una formación académica sólida: es licenciado en Derecho, con maestría en Administración Pública y doctorado en Derecho Procesal, estudios que han abonado a su enfoque técnico y analítico en la impartición de justicia.
En su trayectoria ha ocupado distintos cargos públicos, entre ellos el de encargado de despacho de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2018, así como presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez.
Un compromiso con la legalidad, la imparcialidad y la cercanía ciudadana
Designado magistrado de la Sala Superior del TFJA en octubre de 2025 y ratificado por el Senado para un periodo de 15 años, Amieva Gálvez asumió la presidencia de este órgano jurisdiccional para el periodo 2026-2028, elegido por unanimidad por sus pares, busca consolidar la justicia administrativa.
Desde su nueva responsabilidad, impulsa una visión de justicia accesible, eficiente y cercana, promoviendo esquemas de asesoría a personas en situación de vulnerabilidad y mecanismos de vigilancia de la sociedad civil para observar y fortalecer el desempeño del Tribunal.
Bajo su liderazgo, el TFJA busca garantizar procesos ágiles y equitativos, consolidándose como un espacio donde la imparcialidad, la honestidad y la eficiencia no son solo valores aspiracionales, sino principios que rigen cada decisión jurisdiccional.
Amieva Gálvez señaló que su objetivo es que el Tribunal que preside se consolide como un espacio al que cualquier justiciable que considere haber sido objeto de un acto de autoridad que vulnera sus derechos pueda acudir en busca de justicia, al tiempo que se fortalece la legitimidad de la función jurisdiccional mediante esquemas de control de legalidad y legitimidad.
Su compromiso personal con la honestidad y la imparcialidad se encuentra alineado con una motivación más amplia: hacer cada día algo que posibilite un entorno más justo para su familia y su comunidad.
“La justicia administrativa debe ser comprensible, accesible y digna para todos.”
