El juez de control Víctor Hugo Matadamas Barranco dictó la medida cautelar prisión preventiva justificada al presidente municipal de Tula de Allende, Manuel Hernández Badillo, imputado por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) por su probable responsabilidad en el delito de ilícito de facultades y atribuciones agravado.
En audiencia inicial de la causa penal 8484/2023, que duró más de nueve horas, el edil perredista solicitó la duplicidad del plazo constitucional para que se define situación legal: si es o no vinculado a proceso. Se reanudará el próximo 19 de agosto a las 10:00 horas, por lo que permanecerá en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, donde ingresó ayer.
El perredista es imputado por la entrega presuntamente ilegal de contratos por 66 millones de pesos para atender la inundación de septiembre de 2021. De acuerdo con la PGJH, se firmaron con la finalidad de adquirir servicios y equipo médico, paquetes alimentarios, servicios de mantenimiento y limpieza de fumigación domiciliaria para evitar la proliferación de la larva mosco culex, así como por el control mecánico del lirio acuático.
A petición de las representantes del Ministerio Público, el juez de control declaró que la audiencia, que comenzó alrededor de las 8:00 horas y terminó después de las 17:30 horas, se llevó a cabo de forma privada.
Para exceptuar la máxima publicidad, la representación social argumentó que en el desarrollo de la audiencia se plantearán datos “sensibles” como números de cuenta, cantidades, nombres de personas físicas y morales, además de que se investigan “otros hechos” y otras personas.
Tras la audiencia, Efraín Magallán, abogado del alcalde de Tula, afirmó que solicitaron un plazo de 144 horas para recabar datos de prueba y controvertir los presentado por el Ministerio Público en la imputación contra el perredista por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Editor general, reportero