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Hubo conflicto de interés en renta de edificio a la Contraloría por parte de exauditor: Valverde

Al haber rentado un edificio a la Secretaría de Contraloría estatal, hubo un conflicto de interés por parte del exauditor Armando Roldán Pimentel, consideró el actual titular de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), Jorge Valverde Islas.

Hubo un conflicto de intereses y no debe ser eso. Yo creo que el auditor es el principal que debe poner el ejemplo”, opinó en entrevista con este medio.

Noticias Acrópolis publicó ayer que este año Roldán Pimentel, extitular de la ASEH (14 de noviembre de 2017-31 de diciembre de 2022), arrendó un edificio de mil 533.64 metros cuadrados, ubicado en Zona Plateada de Pachuca, a la Contraloría estatal, por un costo de 230 mil 46 pesos mensuales sin impuestos.

En 2021 y 2022 este inmueble fue alquilado a la misma dependencia por la empresa Estrategias Corporativas de Alto Nivel S de RL de CV, representada en esos años por Margarita Mascarúa Villareal, quien se desempeñaba como gerente general de la firma. 

No obstante, a partir de este año, cuando dejó de estar en funciones, Roldán Pimentel firmó el convenio de arrendamiento con la Oficialía Mayor del estado, de acuerdo con información de los convenios a los cuales tuvo acceso este medio de comunicación a través de solicitudes de acceso a la información pública.

Valverde Islas dijo desconocer que su antecesor es quien renta el edificio a una dependencia del gobierno estatal, durante al menos los últimos dos años de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses y el primero de Julio Menchaca Salazar.

Asimismo, señaló que le corresponde al Órgano Interno de Control de la ASEH, encabezado por Alfredo Cabrera Román, investigar si hubo alguna omisión del exauditor en informar en su declaración patrimonial y de interés su conflicto al arrendar un inmueble de su propiedad al gobierno estatal o si omitió declarar ser dueño del mismo. Ese organismo depende de la Secretaría de Contraloría, a la que renta Roldán Pimentel las oficinas.

En este caso cada servidor público tiene la obligación de en su declaración de conflicto de intereses manifestar si tienes un conflicto de intereses, lo tienes que poner en tu declaración patrimonial (…) Aquí quien tiene que emitir algún veredicto es el contralor”, refirió.

Por otra parte, el titular de la ASEH informó que este mes se mudarán de una de las tres sedes que ocupan. Indicó que dejarán el edificio que rentan en Zona Plateada, sobre el bulevar Ramón G. Bonfil, que tiene una superficie de mil 100 metros cuadrados y cuya renta tiene un costo de 129 mil pesos mensuales, para mudarse a unas oficinas donde está ubicada la Mega Comercial, sobre el bulevar Colosio.

OCULTAR CONFLICTO, FALTA GRAVE

El artículo 60 Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el capítulo de faltas administrativas graves, señala que incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, o un conflicto de interés.

Asimismo, el numeral 31 de dicha normatividad establece que las secretaría de la Función Pública y la Contraloría estatal, así como los Órganos Internos de Control de los entes públicos, según corresponda, son responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal la información correspondiente a los declarantes a su cargo. 

Asimismo, deben verificar la situación o posible actualización de algún conflicto de interés y, según la información proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de los servidores públicos. Para tales efectos, las secretarías podrán firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los funcionarios.

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