Por: Guadalupe Orona Urías
Son, si duda, muchos problemas los que aquejan a los mexicanos en general y un sin fin de asuntos que generalmente desconocemos, y por lo tanto también ignoramos sus efectos macro y consecuencias particulares en nuestro ámbito social, político y económico; por ejemplo, qué sabemos sobre la política arancelaria que está aplicando el presidente de los Estados Unidos a varios países del mundo, entre ellos México, ¿conocemos las causas? ¿Sabemos si nos afecta y de qué manera? ¿Qué pasará con todos nuestros paisanos en Estados Unidos con las nuevas leyes de migración y el gravamen impuesto a las remesas enviadas a nuestro país?
Aquí en Hidalgo, ¿qué está pasando con nuestros vecinos de los fraccionamientos Los Tuzos, en Mineral de la Reforma y Progreso, en Pachuca y de otras colonias que se inundaron, ¿es cierto que todo es culpa del pasado? ¿Y la nueva administración estatal, qué ha hecho para poner remedio a las inundaciones en Los Tuzos, si ya sabían que casi cada año cientos de viviendas se inundan, y las familias pierden su patrimonio?
En fin, son tantos los problemas, pero hoy quiero compartir con ustedes mi opinión específicamente sobre la Reforma Judicial, esa hecha al vapor y votada por muchos congresos locales sin siquiera ser leída por los diputados, mucho menos discutida, y sobre las elecciones para imponerla se realizaron el pasado domingo 1 de junio, y donde se eligieron ministros, jueces y magistrados.
Se llevó a cabo una elección que costó más de 7 mil millones de pesos, y donde ¡el colmo del ridículo!, solamente votaron alrededor de 13 millones de mexicanos; de esos, más de 1.5 millones son votos nulos, de gente que acudió a las urnas, y que, a manera de protesta: tomó la boleta y la marco con frases como fraude, corrupción, mentirosos, hipócritas, alto a la imposición, etc.; es decir, realmente fueron entre 10 y 11 millones de mexicanos quienes “eligieron” a los magistrados, jueces y ministros. Somos un poco más de 100 millones de electores, y la escasa concurrencia es en sí misma sumamente grave.
Pero lo peor, quizá, es el hecho de que no es cierto que fue una elección democrática; fue una descarada imposición desde el gobierno para consolidar la dictadura de Morena y tener el control total del país y de los mexicanos; ahora, de manera “legal”, el ejecutivo, o sea, Morena, también se hace del poder judicial; el legislativo, con maniobras y compra de senadores ya lo tenía, por eso pudo aprobar la Reforma judicial.
Es cierto que se necesitaba una Reforma Judicial, pues la impartición de justicia en México no es ni pronta, ni expedita y tampoco, en la mayoría de los casos, es justa; por ejemplo, 9 de cada 10 carpetas de investigación no se resuelven; hay corrupción y omisión, se vende la justicia: los juicios los ganan quienes tienen dinero para sobornar y comprar jueces o ministros; existen, como sabemos, “impartidores de justicia” en muchos estados, sobre todo jueces, que son servidores del gobernador en turno, es decir, que juzgan y sentencian por consigna. También es cierto que se necesitaban las medidas y reglas necesarias para proporcionar juicios justos a las personas humildes que se encuentran detenidas porque no tienen para pagar un buen abogado, y eso, entre otras cosas, ha llevado a que alrededor del 33 por ciento de las personas encarceladas se encuentren en prisión preventiva oficiosa sin ser declarados culpables, sin sentencia. Pero estos asuntos que sí son un problema para el ciudadano de a pie, no los contempló la Reforma Judicial.
¿Que vimos en esta elección?
En primer lugar, cero democracia, pues todos los candidatos no eran los más expertos y conocedores en la materia, sino seguidores y propuestos por Morena. Además, como lo documentaron algunos analistas, aparecieron en la lista de “candidatos” muchos familiares de morenistas y algunos, dicen, representantes del crimen organizado. En segundo lugar, a quienes acudieron a las urnas les dieron la lista, “el acordeón”, de por quién deberían votar: ¡por los jueces y magistrados del bienestar! Además, era imposible conocer a todos los candidatos, por ejemplo, en la Ciudad de México tenían para escoger 288 nombres, y de ellos elegir 53; ¿cómo saber de su perfil, trayectoria, conducta, etc.? Era votar a ciegas, guiados solo por la consigna. Creo que el pueblo volvió a perder y ganó el poder; lograron su objetivo: controlar el poder judicial.
Montesquieu, creador de la teoría de la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, decía que dicha división tiene tres propósitos fundamentales: uno funcional, que tiene como fin especializar a diversos órganos del poder en el cumplimiento de ciertas funciones, y por tanto hacer más efectiva la labor de gobierno. El segundo es la tarea de desconcentrar, es decir, evitar la acumulación de poderes en un mismo cuerpo, sobre todo si dicha acumulación puede dar lugar a injusticias y tiranías. Y el tercero, la función de control mutuo: “los poderes y los órganos se dividen no solo para evitar la acumulación de poder y de competencias, sino también para que entre ellos ejerzan un control mutuo de sus actuaciones, control que por supuesto ha de obedecer a normas constitucionales y legales”.
Si analizamos con detenimiento dichos planteamientos, que han sido incorporados en las instituciones de México y en las relaciones sociales entre todos los mexicanos, vemos cómo en la actualidad, sobre todo en los tiempos que corren del gobierno morenista, tanto las leyes, como la separación de poderes, se han vuelto polvo: ahora se perseguirá, sin ninguna defensa, pues los jueces son de ellos, a quien el Ejecutivo determine; el Legislativo (Cámara de Diputados y Senadores), como hemos visto, en lugar de hacer contrapeso al Ejecutivo, hace y ejecuta sin chistar lo que éste ordena. Ahora, con la legalización de su Reforma, con menos rubor se arrogarán el poder de juzgar y condenar a ciudadanos, a los que consideren sus adversarios políticos o estorbos para sus propósitos. Así que, se ha legitimado un gobierno autócrata, que no respeta las leyes, ni la división de poderes.
También Montesquieu dejó dicho que: “Quien posee el poder tiene tendencia a abusar de él es una verdad eterna. Tiende a llegar hasta donde las barreras se lo permiten”. Así lo planteó en 1748, al formular la teoría de la división de poderes, en su libro “El espíritu de las leyes”. Y esta verdad, al correr de casi tres siglos, sigue tan vigente en el mundo, y de manera descarnada en nuestro país. También enunció que “No hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia”. El abuso de poder y la tiranía van juntos, son causa y efecto; sin embargo, la causa profunda la encontramos al conocer a quién o a quiénes sirven esos tiranos y ese descubrimiento lo tenemos que develar bajo la maraña de todos los discursos demagógicos, de todas las acciones de tipo “filantrópico” y de todo evento político o de carácter “institucional”; en sus hechos los debemos sorprender para verdaderamente conocerlos. Así pues, estamos ante una serie de acciones gubernamentales muy peligrosas y que, probablemente, en algunos estados van a pretender imitar, algunos gobernadores con aires de monarcas, esos que consideran que el voto ciudadano también los hace dueños de los recursos públicos; que olvidan que el erario es riqueza generada por todos los mexicanos y que por lo tanto debe aplicarse en su bienestar. Por lo pronto, todos los antorchistas de México seguiremos planteando a lo largo y ancho del país las verdaderas alternativas, nuestro proyecto de nación que incluye a todos los sectores de la población y que contempla un verdadero cambio de modelo económico que reparta equitativamente la riqueza nacional. Como antes dijimos, Montesquieu advirtió que el abuso del poder llega hasta donde las barreras se lo permiten. Pues bien, la fuerza organizada de la sociedad debe ser y poner esa barrera.
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