Daniel Gabriel Pérez y Rosa Pérez Gabriel, familia responsable de Oliver, un perro rottweiler que fue asesinado con un arma de juego en Actopan, acusaron que la jueza de control Barbara Santos Ordóñez determinó que no existe delito que perseguir, pues calificó la acción en la que fue asesinada su mascota no hubo dolo.
En entrevista tras acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) a solicitar la apertura de una queja por el caso, Daniel señaló que en audiencia inicial, efectuada ayer, la juzgadora determinó no vincular a proceso al responsable de matar a su perro de ocho años, en la imputación por el delito de maltrato animal agravado.
La víctima indirecta narró que los hechos ocurrieron el 15 de mayo en la comunidad de Santa María Magdalena, Actopan, donde salió a cortar gualumbos junto con Oliver y otros tres perros, en un ejido familiar.
Señaló que sus canes corretearon a una borrega, a la cual mordió el rottweiler.
Veníamos ya de regreso a la casa cuando estos dos perros criollos se me adelantaron (…) empezaron a correr hacia abajo, hacia una cuesta que es monte, en ese momento nunca me percaté que habían correteado”, expuso.
Indicó que escuchó un disparo y cuando su esposa y él llegaron al lugar se percataron de que su mascota ya se encontraba sin vida por el impacto del arma de fuego.
“Vi al hombre, este fulano, saliendo de la barranca con el arma que le había disparado (…) Le recalque que por qué lo había matado, que en todo caso, que en todo caso si mi perra había agredido a la borrega, el perro tiene un dueño”, expuso.
El agresor, quien es su familiar, le dijo que no pensó que eran perros de casa, sino perros del basurero.
Daniel cuestionó la determinación de la juzgadora del distrito judicial de Actopan, pues deja impune la muerte de Oliver. Por ello, adelantó, recurrirán la no vinculación a proceso en otra instancia judicial.
“De hecho las MP que acudieron de aquí de Pachuca dijeron que van a hacer una impugna”, expuso.
“Dónde están las leyes, entonces como quien dice en Actopan podemos andar armados y matar a los perros nada más porque nos haga algo y no va haber justicia. Cómo es posible que la jueza llegue a esos extremos”
Expuso que el tema de la portación del arma del asesino del can no se incluyó en el caso ni se mencionó por parte de la autoridad
Rosa agregó que en audiencia ella pidió que se le recogiera el fusil y se investigara si el imputado cuenta con un permiso, pues recordó que el área donde ocurrió el asesinato fue declarada como protegida por ser parte del corredor del puma.
“En ese caso la juez no me escuchó, ayer no tocó el tema para nada del arma”, acusó.
De acuerdo con la víctima indirecta, Santos Ordóñez argumentó que el responsable de la muerte de Oliver tuvo coraje, desesperación, tristeza e impotencia por el ataque a la borrega y “por eso actuó” de esa forma.
“Yo al ver a mi perro muerto, ¿no podía sentir lo mismo? Yo creo que es lo mismo (…) yo también sentí lo mismo cuando vi a mi perro tirado sin vida. Su borrega por lo menos todavía existe”, expuso.
Afirmó que, por orden de un juez conciliar de su comunidad, ella se hizo cargo de las heridas de la bobina. Afirmó que debía hacerse cargo del animal por una semana, pero a más de tres meses lo sigue manteniendo en su casa porque el sujeto “no lo ha querido recoger”.
Recordo que para ella Oliver tenía mucho valor, pues era parte de su familia y la acompañó cuando sufrió depresión.
“Era mi compañero, con el convivía (…) no es por el dinero, es el valor sentimental (…) quiero que se abra este caso para que al menos le quiten el arma y sí reciba el castigo conforme a ley”, expuso.
ACUDEN A CDHEH
Alba Luisa Jiménez, integrante de la agrupación animalista La Jauría de Balú, indicó que los propietario de Oliver acudieron a iniciar una queja contra los primeros ministerios públicos en Actopan por no querer iniciar la denuncia.
Aseguró que los integrantes de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) se negaba a iniciar la carpeta con el argumento de que no contaba con recursos para hacer un peritaje y aconsejaron que se arreglaran con el agresor del perro.
Ellos vinieron aquí para levantar un acta en contra los primeros ministerios (…) porque ellos entorpecieron todo el proceso. A Oliver se le hizo una necropsia 10 horas después de haber muerto, cuando ellos tenían la obligación de, teniendo o no alguien para hacer peritaje, levantar una carpeta de investigación en ese momento”, expuso.
Daniel añadió que las autoridades ministeriales tardaron más de 24 horas para comenzar con su denuncia.
Ahora cualquiera traer un arma y decir que se sintió desesperado o con coraje (para actuar contra un animal)”, añadió Jiménez.
Consultada al respecto, la CDHEH informó a Acrópolis Noticias que no se abrió la queja debido a que el caso se encuentran en un órgano jurisdiccional. Señaló que las personas recibió orientación.
