Guadalupe Orona Urías
Recientemente la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), realizó su examen de admisión a los aspirantes a cursar una licenciatura en el semestre julio-diciembre 2025; de acuerdo con cifras proporcionadas por la propia institución, solamente 23 de cada 100 que solicitaron ingresar fueron admitidos (5 mil 645); en total quedaron fuera 18 mil 685 aspirantes. La UNAM, a su vez, admitió a licenciatura, en el ciclo escolar 2024-2025, solamente a 14 mil 151 estudiantes, menos de 10 por ciento de los 143 mil 427 que se presentaron; fueron rechazados 129 mil 276, más de 90 por ciento, es decir, fueron aceptados solamente 10 de cada 100 que solicitaron ingresar (Infobae,19 julio 2024). Si sumáramos el total de rechazados de todas las universidades públicas del país, la cifra sería, por sí sola, estremecedora. Según datos de la SEP, de cada diez estudiantes, alrededor de cuatro se incorporan a la educación superior y seis quedan excluidos.
Es posible que alguien tenga en mente como opción para los que no ingresaron ni a la UNAM ni a la UAEH, entre otras, que también existen las universidades del Bienestar: Universidades Benito Juárez, Rosario Castellanos y de la salud en la Ciudad de México, pero permítanme compartirles que, según datos oficiales, dichas universidades dejan mucho que desear acerca de la educación que ofrecen; por ejemplo, “mientras que universidades como la UNAM o el IPN tienen 19 docentes por cada 100 alumnos, la Universidad del Bienestar cuenta con apenas 2 docentes por cada 100 alumnos” (IMCO).
¿Qué harán esos miles de jóvenes que no pudieron ingresar a ninguna universidad pública? Algunos, seguramente, alimentarán las universidades privadas y los bolsillos de sus dueños; otros esperarán para un nuevo intento y muchos, quizás la mayoría, abandonarán el proyecto de cursar una licenciatura y se incorporarán a la plantilla laboral, obvio, los que encuentren un trabajo; otros engrosarán las filas de los desocupados (de los Ninis), y algunos más los de la delincuencia, organizada o no. La OCDE ha señalado que México ocupa el tercer lugar, entre los países que la integran, con el mayor porcentaje de personas entre 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan en entornos formales. “Este grupo de adolescentes y jóvenes padecen estigmatización y algunos se ven empujados a migrar y en el peor de los casos a formar parte del crimen organizado”.
¿Por qué las universidades públicas rechazan a tantos jóvenes y les cortan de un tajo sus aspiraciones de estudiar, de superarse en el ámbito académico y el día de mañana en el laboral? Simplemente porque no cuentan con las suficientes instalaciones, equipo material y humano para albergar a todos los que deseen continuar sus estudios, y ello, debido a que el gobierno no les asigna los suficientes recursos económicos; pero, además, si dieran cabida a todos, dejarían sin “clientes” a las universidades privadas y sin mano de obra barata al capital, ese que vive en todos los rincones de nuestro universo acechando cómo aumentar su ganancia, cómo incrementar su centralización gracias a la explotación de los trabajadores. La educación está irremisiblemente ligada a la política, es prácticamente inmanente a ella; las decisiones que ésta tome influirán sin duda en el sistema educativo y en el proyecto de nación que le convenga cristalizar.
Para el gobierno de México la educación nunca ha sido prioridad, exceptuando, quizá, al del General Lázaro Cárdenas, que fue el periodo en que más escuelas se fundaron y se crearon, entre otras, las normales rurales. Hoy, el gobierno federal invierte muchos más recursos en las fuerzas armadas que en educación: “El gasto para Educación más Ciencia, Tecnología e Innovación para 2025 es el más bajo en 18 años en relación al PIB […], tan sólo el 3.06% del Producto Interno Bruto (PIB). En suma, el presupuesto conjunto de Educación más Ciencia, Tecnología e Innovación será […] 7% menor (83.2 mmdp) al máximo de 2015” (México Evalúa). En el 2024, el gasto para educación fue equivalente al 11.41% del PEF; en el 2025, fue equivalente al 3.01% del PIB y al 11.68% del PEF (25 feb 2025). En cambio, “La Fuerzas Armadas estarán a cargo de administrar 20% del presupuesto (PEF) en 2024, lo que significa 154.5 mil millones de pesos (mmdp) más de lo que se ejecutó en 2018. Al considerar a la Guardia Nacional, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como un ente militar, la inversión a las Fuerzas Armadas llegará al 20%, 174.7 mil mdp” (Animal Político, 18 de octubre de 2023). Casi el doble de lo destinado a educación fue designado a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2024.
En comparación con el resto de los países que conforman la OCDE, México es de los que menos gasto público destina a educación. La OCDE reporta que sus países miembros gastan en promedio 4.91% del PIB en educación. En 2015, México invirtió el 5.08%; es decir, el país ha reducido los esfuerzos presupuestales que destina a educación. “En contraste, en estos últimos seis años, ningún país de los 38 analizados disminuyó en casi un punto porcentual el peso presupuestal de su gasto educativo” (México Evalúa).
Si los mexicanos fuéramos un pueblo con mayor cultura y educación política, segura estoy que no nos dejaríamos aturdir con unas “tarjetitas” que contienen unos cuentos pesos; que no cambiaríamos nuestra educación, salud y bienestar en general a cambio de su uso manipulador, ni mucho menos a cambio de nuestra conciencia y de nuestra lealtad con los de nuestra clase. Sin educación, tampoco hay desarrollo.
Pachuca, Hidalgo, a 28 de junio de 2025
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