La falta del reconocimiento del Estado mexicano al problema que implica la desaparición forzada, de mano de la impunidad, hacen que en el país no exista una política integral en búsqueda de personas desaparecidas, puntualizó el coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México, Héctor Cerezo Contreras.
Como parte de las actividades convocadas por Integrantes de la Escuela de Derechos Humanos del Comité Cerezo México y de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, se realizó un bordado colectivo en conmemoración de la Semana Internacional de los Detenidos Desaparecidos, la cual se realiza la última de mayo, con lo cual vino la crítica ante la inacción de las autoridades por parte del activista, al no asumir la responsabilidad real sobre este asunto.
Expuso que el reconocimiento de la desaparición forzada implica la actuación del propio Estado en los hechos y asumir la culpabilidad.
El gran problema es que no quiere investigar quiénes cometieron las desapariciones porque muchos de los funcionarios siguen actualmente en el gobierno federal, estamos hablando de militares, marinos, policías federales que todavía siguen en activo”, sostuvo.
Añadió que se suma la impunidad en el país, pues recordó que solamente hay 17 sentencias por desaparición forzada en México desde la década de los 60 hasta la actualidad, mientras que parte de las cifras oficiales señalan 112 mil personas desaparecidas.
“El gran problema de la impunidad es que mientras no haya juicios, investigaciones, no haya sanciones a los responsables, pues el perpetrador el que comete las desapariciones, el mensaje que ellos obtienen es que pueden continuar cometiendo las desapariciones porque no hay consecuencias legales por ello”, puntualizó Cerezo Contreras.
La falta de reconocimiento del Estado México a esta problemática en el país indica que no implementen políticas gubernamentales que se aboquen a las investigaciones y saber dónde están las personas desaparecidas.
VOLUNTAD POLÍTICA
Ante la deuda pendiente que deja la actual administración federal, el activista refirió que no se ha avanzado en la gran mayoría de los casos ni en verdad ni en justicia para las víctimas, tanto en los más sonados como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa como en los miles que no son mediáticos.
De tal modo, dijo que la persona que asuma la presidencia de la república tras la próxima elección del 2 de junio, debe de tener, de antemano, la voluntad política de atender este problema que se arrastra desde hace décadas
Nosotros esperamos, también es una exigencia que quien quede en la presidencia pueda incluir dentro de la agenda de derechos humanos, el tema de la desaparición forzada en México”, manifestó.
De tal magnitud es el escenario, que al consultar con especialistas en la materia, sostuvo Cerezo Contreras, señalaron que para identificar a los 52 mil cuerpos que están en las morgues y Servicios Médicos Forenses de cada uno de los estados, al ritmo con que se trabaja y con el persona con el que se cuenta, tardarían cerca de 90 años.
La falta de personal e instituciones suficientes, reiteró, habla de que no hay una política integral en búsqueda de personas desaparecidas en México.
DERECHOS HUMANOS
Dentro de los planteamientos que buscan establecer en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se encuentra el reconocimiento al derecho humano a ser buscado.
Puntualizó que debe asumirse como un nuevo derecho humano, el cual ya fue reconocido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Queremos que el sistema universal de los derechos humanos lo recoja y retome para que las víctimas, independientemente de los años en los cuales hayan sido sus familiares víctimas de desaparición, puedan ser buscados”, expuso.
Una vez concluida la coyuntura electoral, adelantó, pretenden reunirse con los legisladores y hacer foros para fomentar y conocer lo que implica el derecho humano que tienen las víctimas de desaparición, así como los familiares, a ser buscados, el cual no sería simplemente un compromiso, sino una obligación del Estado Mexicano.
Reportero