Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), envió al Congreso local una iniciativa para la creación del registro de personas agresoras sexuales y violentadoras de género, para que quienes enfrenten cargos penales por estos actos no puedan acceder a cargos en el sector salud, educación, seguridad y procuración de justicia.
En rueda de prensa, indicó que con esta herramienta será un “mecanismo efectivo” de prevención y protección para evitar el riesgo de la reincidencia y repetición de este tipo de conductas.
Este registro contemplará los delitos de feminicidio, violencia familiar, violación, embarazo no deseado a través de medios clínicos, esterilidad provocada y disposición de óvulos o espermas sin consentimiento, abuso sexual, violación a la intimidad, estupro, aprovechamiento sexual y hostigamiento sexual.
Nieto Castillo agregó que, durante 2022, en la entidad se registraron 18 feminicidios, mil 52 violaciones, 673 abusos sexuales y 6 mil 929 hechos de violencia familiar, principalmente en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Ante esta situación, dijo que Hidalgo ocupa el lugar 17 a nivel nacional en la comisión de delitos de violencia familiar y el quinto en violación.
Aunque sostuvo no compartir una sentencia de la Sala Superior de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) en la que se ordena no hacer público el registro, dio a conocer que los datos solo podrán ser consultados autoridades ministeriales, judiciales y electorales, así como los interesados que deseen conocer si se encuentran inscritos en dicha base de datos.
Explicó que algunos de las reformas que propone con esta iniciativa son que los titulares de áreas administrativas de la PGJH, así como agentes del Ministerio Público (MP), agente de investigación y personal policial no estén inscritos en este registro para poder ocupar dichos cargos. También que para la contratación y permanencia e las secretarías de Educación Pública (SEPH), Salud (SSH) y Seguridad Pública (SSPH), el personal no deba ser parte de este registro.
Asimismo, que las personas que sean detenidas, vinculadas a proceso o sentenciadas por algún delito de los anteriores ingresen al registro. Asimismo, permanecerán el tiempo que dure la condena.
“Esto permitirá generar condiciones de protección a las mujeres e infancias en los lugares de mayor comisión de estos delitos, siendo las instalaciones educativas, las de salud, y aquellos lugares donde se encuentran bajo custodia o atención del personal de seguridad pública”, dijo.
También se establece en el Código Electoral estatal como requisito de elegibilidad el no estar inscrito en el registro de agresores sexuales y violentadores de género.
Por su parte, la diputada local Vanessa Escalante Arroyo dio a conocer que la iniciativa que presentaron en mayo de 2022, relacionada al mismo tema, fue desechada, debido a que la PGJH, encabezada entonces por Alejandro Habib Nicolás, señaló en su dictamen que se estaban violentando los derechos de las personas señaladas como violentadoras.
Ingrid Guerrero, presidenta de la organización Yo Te Creo, indicó que con esta iniciativa se hace frente “al encubrimiento sistemático” de personas agresoras; consideró importante que estas no puedan concursar por cargos de representación popular.
“Porque los agresores sexuales y violentadores de género no pueden representarnos, nunca más. Y necesitamos esta representación, porque, aunque las niñeces no votan ni las adolescencias, son sujetas de derecho y son parte de esta comunidad, y esta iniciativa es una forma de decirles nadie que les haya tocado, vulnerado o agredido, podrá estar nuevamente cerca de otras niñas y otros niños”.
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