La calidad de la organización de elecciones se vería afectada con las reformas electorales que conforman el denominado Plan B, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló Carla Astrid Humphrey Jordán, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).
Consideró que el “daño más grande” será a las Juntas Distritales Ejecutivas que pasarán de estar integradas por cinco miembros del servicio profesional electoral nacional a solo uno.
Indicó que ahora en esta persona recaerán las funciones de tener contacto con la ciudadanía, buscar a los capacitadores electorales, recibir las denuncias en materia de violencia política contra de mujeres en razón de género, notificar acuerdos y resoluciones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Creo que aquí, por eso lo decía, vía reglamentación interna es como tenemos que hacer este análisis para saber cuántas personas necesitamos del propio servicio profesional electoral para, pues, acometer la función que tenemos en materia electoral”, mencionó en entrevista con medios de comunicación, tras acudir a una firma de convenio con el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) y la Procuraduría General de Justicia local (PGJEH) en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Por lo que dijo que comenzarán a realizar un análisis, que concluirán en aproximadamente un mes, sobre el impacto que tendrá esta reforma y cómo subsanar esos espacios, debido a que, dijo, tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones y a su vez contar el personal suficiente para ellas.
“Eso señala la constitución, que debemos tener el personal técnico, especializado, para cumplir con nuestras funciones. Un personal electoral temporal no nos garantiza que sean imparciales ni que sean profesionales y por eso vamos a, vía reglamentaria, desarrollar claramente cuál es la estructura que deben tener estos órganos a nivel distrital particularmente para poder seguir con sus funciones”, dijo.
Otros temas que le preocupan, dijo, son que habrá módulos de atención ciudadana en oficinas gubernamentales o en escuelas, lo cual consideró que podría poner en riesgo la protección de los datos personales del padrón electoral, al igual que, señaló, el que se haya aprobado que se permite votar con pasaporte y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) sería la encargada de hacer la revisión de esta información.
Me parece que eso violenta el propio ánimo de construcción de un padrón electoral seguro y confiable para todos los mexicanos, y que es base de elecciones libres, democráticas y legitimas en el país”, sostuvo.
También indicó que deberán analizar el impacto económico que tendrá el recorte estructural, pues dijo que habían estimado que habría un despido de aproximadamente el 85 por ciento del personal del servicio profesional electoral, y al tratarse de una liquidación por reestructuración será mayor de lo normal.
