Ante la falta de un especialista interesado en ser parte del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH), el Congreso local volverá a ampliar los plazos de la convocatoria pública para el nombramiento de las personas consejeras honoríficas del organismo.
De acuerdo con información de fuentes oficiales de la sede del Poder Legislativo, en esta segunda convocatoria, a través de la cual se buscaba designar a los tres integrantes faltantes (dos representantes de organizaciones de la sociedad civil y un especialista en la materia), no se presentó alguna propuesta para cubrir la vacante de un especialista.
Por lo que, una vez más, se volverán a ampliar los tiempos para el registro de aspirantes para la integración del Consejo Estatal Ciudadano que lleva 10 meses acéfalo, debido a que el 30 de julio de 2022 concluyó el periodo de los primeros integrantes de este órgano de consulta de la CBPEH, por lo que actualmente no está en funciones.
En el primer llamamiento *fueron electos Margarita Medina Santander, Mónica Ramos Zúñiga y Mercedes Paula Salazar Hernández, *como familiares que representen a los consanguíneos de personas desaparecidas o no localizadas, así como Aylin Rodríguez Barragán, como parte de las personas especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la ley general en la materia.
En este segundo procedimiento se inscribieron dos integrantes de organizaciones de la sociedad civil que cuenten con experiencia en el tema, de los cuales aún no se conoce sus nombres, por lo que solo falta un especialista.
El Consejo Estatal Ciudadano debe estar integrado por tres familiares que representen a los consanguíneos de personas desaparecidas o no localizadas; dos especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda o en investigación y persecución de los delitos previstos en la ley en la materia, uno de ellos debe ser en materia forense, y dos representantes de organizaciones de la sociedad civil que cuenten con experiencia en el tema.