José Francisco D.C., presidente de la Firma Jurídica Díaz, promovió una demanda de amparo en contra de una de las cinco vinculaciones a proceso que enfrenta, en la que se le imputa un presunto fraude de 340 mil pesos, de con información del expediente 696/2023.
Según los datos de juicio radicado en el Juzgado Primero de Distrito, el abogado busca revertir el auto de vinculación a proceso del 6 de abril pasado, en la que se le señala de haber defraudado a una persona entre 2017 y 2022, cuando la firma jurídica a su cargo recibió pagos por servicios jurídicos que no realizó, pero que a través de engaños hizo creer a la víctima que sí los llevó a cabo.
El 20 de abril pasado, el hijo del expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH) José Francisco Díaz Arriaga fue vinculado a proceso por el delito de fraude por quinta vez.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH) informó que un juez de control vinculó a proceso al imputado, por hechos que ocurrieron en octubre de 2022, luego de que la empresa Corporativo Kobalto SA de CV requirió de los servicios del despacho jurídico para que iniciara una carpeta de investigación y diera acompañamiento legal.
No obstante, según la víctima, José Francisco le solicitó “mediante engaños” diversas cantidades de dinero que suma en total 3 millones 175 mil pesos, para el supuesto desahogo de trámites judiciales, indicó la fiscalía en un comunicado.
La parte agraviada entregó el recurso con el que supuestamente se pagarían fianzas, contrafianzas e, incluso, se solventarían gastos para el aseguramiento de cuentas bancarias de la persona imputada, pago a peritos y diversas gestiones.
Posteriormente, según la narración de los hechos, el imputado incumplió con su parte, por lo que la parte afectada denunció los hechos ante la PGJH.
Ello derivó en que el abogado fue presentado ante un juez de control, quien decidió vincularlo a proceso, dictarle la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria.
El 12 de abril pasado, el fundador de la Firma Jurídica Díaz recibió su cuarta vinculación a proceso por el delito de fraude. Según la fiscalía, los hechos que fueron imputados ocurrieron el 22 de enero de 2021, cuando la víctima contrató los servicios de la persona ahora investigada para un asunto legal de materia civil.
El imputado inició un juicio ordinario civil; sin embargo, según la teoría del caso, posterior le informó a la víctima que contaba con una orden de aprehensión dentro de una carpeta de investigación, motivo por el que le solicitó diversas cantidades de dinero para resolver el supuesto proceso penal.
Por ese motivo, entre el 22 de enero de 2021 y el 22 de septiembre de 2022, la víctima le entregó diversas cantidades de dinero al presidente de la Firma Jurídica Díaz por un monto total de 7 millones 171 mil pesos.
El recurso solicitado fue bajo el argumento de que era indispensable para cubrir fianzas, contrafianzas, garantías, pago de peritajes, copias certificadas, así como diversos trámites que se requerían para el desahogo de gestiones relacionadas con el supuesto proceso penal contra su cliente.
El 6 de abril pasado obtuvo su tercera vinculación a proceso José Francisco D.C., por un presunto fraude que cometió entre 2017 y 2022, cuando la firma jurídica recibió pagos por 340 mil pesos por servicios jurídicos que no realizó, pero que a través de engaños hizo creer a la víctima que sí los llevó a cabo.
El 17 de enero pasado se le vinculó a proceso por segunda ocasión por defraudar a uno de sus clientes por la cantidad de 62 millones 864 mil 61 pesos. Entre el 2016 y el 2020 cuando la víctima dio el dinero que le fue solicitado para cubrir los montos de las fianzas, contrafianzas y diversos trámites relacionados con el asunto legal que el imputado defendía, pero que no usó para tales efectos.
Mientras que el 12 de enero pasado fue la primera vinculación a proceso por defraudar a la empresa Luna Gas S.A. de C.V., por 39 millones de pesos, luego de que tres días antes fue liberado por un juez de control por contar con una suspensión otorgada por la justicia federal.
