Al acreditarse un caso de tortura sexual en contra de una persona transgénero al ser detenida hace 17 años, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación a la Procuraduría General de Justicia de la entidad y conminó a que se inicie una carpeta de investigación contra de los agentes responsables de los hechos ocurridos en 2007.
En conferencia de prensa, la presidenta de la CDHEH, Ana Karen Parra Bonilla, informó de tres nuevas recomendaciones emitidas por este organismo autónomo estatal, entre ella, la TB-0007-24, por el caso de una persona de la divertida sexual.
En la presencia de Antonio Olvera Cabrera, secretario ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), refirió que el primero de junio de 2023 se recibió oficio signado por este funcionario para dar vista de posibles hechos de maltrato físico y psicológico que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la víctima, una persona privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Tulancingo de Bravo, quien se encuentra bajo sentencia en este sitio.
Por ello, se inició la queja CDHEH-TV-0145-23 a favor de una persona que se identifica así misma como mujer y pertenece a la comunidad sexogenérica, por hechos cometidos por agentes de la entonces policía ministerial, hoy Dirección de Investigación de la Agencia de Investigación Criminal de la PGJEH.
Los hechos datan de 2007, cuando fue detenida y trasladada a las instalaciones de la PGJH, sitio en el cual sufrió agresiones físicas y verbales “e incluso fue obligada a realizar prácticas de índole sexual”, expuso la ombudsperson.
La agraviada reclamó ante esta institución que durante su detención y traslado recibió agresiones de carácter físico y verbal, así como actos consistentes en tortura, al grado de ser obligada a practicar sexo oral a aproximadamente ocho agentes de la ahora AIC, de la PGJEH y declararse culpable de los actos que se le imputaban, mientras que las personas servidora públicas involucradas negaron tales imputaciones en su contra”, señala la recomendación.
Parra Bonilla dijo que conforme el dictamen médico-psicológico especializado para casos de posible tortura y otros tratos crueles, bajo el protocolo de Estambul que emitió el equipo multidisciplinario de la Unidad Especializada de Investigación en Tortura de la CDHEH, se acreditó tortura contra la víctima.
Se determina que la víctima presenta algunas lesiones psicológicas que han sido identificadas como frecuentes sobre víctimas sobrevivientes a un evento de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”, concluye el documento.
Con esto se vulneraron el derecho, integridad y seguridad personal, derecho a no ser sometida a tortura, tortura sexual, así como al derecho a la protección contra toda forma de violencia.
Por ello, la CDHEH emitió la recomendación dirigida e al jefe de despacho de la PGJH, Francisco Ángel Fernández Hasbun, además de que derivado de la responsabilidad institucional se proceda a la inscripción de la víctima en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que se tenga acceso al fondo de ayuda, asistencia, reparación integral.
Además, capacitación a los servidores públicos sobre el convenio contra la tortura, principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de su libertad, de organismos nacionales e internacionales.
Además, la CDHEH instó a dar inicio a la carpeta de investigación y que se realicen las diligencias necesarias para el correcto proceso que determine el actuar y omisión, así como la responsabilidad penal de cada persona servidora pública involucrada en la recomendación y contra quienes resulten responsables.
Recordemos que la tortura al constituir un hecho violatorio grave, no prescribe”, puntualizó la ombudsperson.
De aceptar la recomendación, la PGJH deberá ofrezca una disculpa pública a la víctima directa, con el fin de reconocer y reestablecer la dignidad de la víctima.
Como puntos adicionales, se conmina a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) para que implemente las medidas de protección a favor de la agraviada, con la final de garantizar su estancia digna y segura dentro del Cereso de Tulancingo.
Es así como desde esta comisión se enlista y se insiste en que se debe de velar por la protección de personas que pertenezcan a un grupo de atención prioritaria. En el caso concreto está una persona de la diversidad, sexogenérica, indígena y joven, procurando lo máximo posible que se cuente con el debido acceso a la justicia”, dijo Parra Bonilla.
Resaltó a su vez que esta es la primera recomendación que cuenta con un protocolo de Estambul emitido por la Unidad Especializada de Investigación en Tortura de la CDHEH.
Jessy, nosotros sí te creemos”, manifestó la presidenta de la CDHEH, al tiempo que recordó que el 11 de julio vence el plazo para aceptar la recomendación a la PGJEH.
BAJO INVESTIGACIÓN
La ombudsperson estatal puntualizó que actualmente la CDHEH tiene 49 casos más bajo investigación por conductas de violación de derechos humanos bajo tortura, presuntamente cometidas en los últimos siete años.
Hoy tenemos 49 casos que se están investigando de 2017 a 2024”, puntualizó Parra Bonilla.
Respecto al acompañamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura en estos casos, refirió que se le pide apoyo en cuanto surge alguna duda, como parte del trabajo colaborativo que hay en las estrategias en la materia.
Añadió que las instituciones más vinculadas a la comisión de presuntos actos de tortura, de acuerdo con la información que poseen la CDHEH, son la PGJH, así como Seguridad Pública, sin especificar si estatal o las municipales.
Quiero hacer énfasis en esto, no es estereotiparlos ni tampoco es criminalizarlos ni estigmatizar a las instituciones (…), pero no puedo dejar a un lado el pasado y se omiso”, manifestó tras la exposición de las autoridades con referencias de ser violatorias de derechos humanos.
DatoAcro
-En la recomendación R-VG-0005-24, para la Secretaría de Salud, que se desprende de los hechos que dieron origen a la queja presentada el 29 de agosto de 2019, por las faltas cometidas el en el Hospital General de Pachuca, donde un joven fue sometido a intervenciones quirúrgicas, la CDHEH determinó que existieron elementos de mala práctica de una anestesióloga, una inadecuada integración del expediente clínico y la omisión de proporcionar información suficiente, clara, oportuna y veraz de los tratamientos, lo que generando consecuencias neurológicas permanentes en la víctima.
-En la recomendación R-VMJ-0006-24, dirigida al secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, se deriva de los hechos de febrero de 2021, cuando la víctima privada de la libertad en el Cereso de Actopan no recibió diagnóstico ni atención médica oportuna por Covid-19, por lo que perdió la vida. En caso la persona fue trasladada en una camioneta y no en una ambulancia a una clínica del Issste. Se acreditó que se violaron los derechos a la salud y preservación de la vida.
Reportero