Si el software de geolocalización e intervención de celulares que compró la Secretaría de Gobierno de Hidalgo en 2019, encabezada entonces por el exsecretario Simón Vargas Aguilar, fue usado de manera incorrecta y en contra de la ley, será investigado, señaló Guillermo Olivares Reyna, actual titular de la dependencia estatal.
Indicó que primero deben investigar su la tecnología adquirida en la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses fue utilizada de manera irregular. Además, pidió dejarlo en el pasado.
Son situaciones que debemos dejar en el paso, y seguramente si hubo un acto incorrecto en contra de la ley será investigado y será motivo de algún acto de autoridad, de eso van a estar informados ustedes”, mencionó en entrevista con medios de comunicación, tras acudir al Congreso local a presenciar la aprobación de dos iniciativas que envió el gobernador Julio Menchaca Salazar.
Olivares Reyna indicó que el gobierno actual no tiene “por qué espiar” y dijo que espera que tampoco sean espiados, pues consideró que la vida privada de las personas debe respetarse. Además, dijo que hay “una especie de comunión” entre todas las fuerzas políticas de la entidad.
En 2019, la Secretaría de Gobierno adquirió una licencia del software Geomatrix, con un total de mil búsquedas y localizaciones, proveído por la empresa Neolinx de México SA de CV, intermediaria de la firma Italiana Hacking Team, la cual fue acusada de dotar de sistemas de ciberespionaje durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Esta tecnología, de acuerdo con los detalles del contrato 924/2019 (del cual Acrópolis posee copia), sirve para obtener la localización de teléfonos móviles con capacidad de rastreo local y mundial. Asimismo, permite que las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley puedan ubicar, rastrear y manipular a los usuarios de líneas telefónicas de manera encubierta y virtualmente desde cualquier parte del mundo, todo en tiempo real.
Ante la falta de criterios que definan a las autoridades competentes para la utilización de este tipo de tecnología, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) presentó un amparo de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió, en el expediente 964/2015, que solo las fiscalías estatales y la federal, junto con la Guaria Nacional, así como el Centro Nacional de Inteligencia, pueden solicitar a jueces federales las intervenciones de celulares.
Asimismo, la organización señala que, por lo anterior, los gobiernos pueden realizar intervenciones a comunicaciones privadas través de dos vías legales: una es por petición a un juez federal que considere útil esa información para la persecución de delitos; en el caso de intervención a geolocalizaciones, según la resolución de la SCJN, “cuando se presuma que existe un peligro para la vida o integridad de una persona” puede hacerse sin orden judicial, aunque, señala, no se definen criterios para prevenir interpretaciones erróneas.
PGJH YA ADQUIRIÓ SOFTWARE
A petición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), encabezada por Santiago Nieto Castillo, el gobierno estatal adquirió en noviembre de 202 un software de geolocalización de celulares por 419 mil 804 pesos, de acuerdo con el fallo de la licitación pública EA-9163003989-N389-2022.
Según el documento, la empresa que ganó el contrato es Neolinx de México SA de CV, intermediaria de la empresa italiana Hacking Team, la cual ha sido señalada de vender equipo de espionaje a gobiernos mexicanos y que es usado con fines políticos.
