Solo uno de cada 10 agresiones contra periodistas, en Hidalgo, se judicializan, informó Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH). Por lo que, presentó una iniciativa para tipificar los delitos contra la libertad de expresión con penas de 2 a 6 años de prisión.
En conferencia de prensa, el funcionario estatal reveló que el 7 por ciento de las carpetas de investigación relacionadas con agresiones a trabajadores de la prensa han sido judicializadas, el 36 se encuentran en integración y el 57 han sido resueltas por atipicidad (no existió delito que perseguir establecido en el Código Penal local), acuerdo reparatorio o prescripción.
Uno de estos últimos casos se trata de las agresiones de las que fueron víctimas tres reporteros, por parte de personal del gobierno municipal de Mineral del Monte, encabezado por el alcalde priista Alejandro Sierra Tello, hechos por los cuales uno de los periodistas denunció, pero la carpeta de investigación fue desechada porque el delito contra la libertad de expresión no está tipificado actualmente.
De las judicializadas, dijo, en dos casos se logró la vinculación a proceso de los imputados y en una más se le vinculó a proceso.
El exfuncionario federal refirió que, al no existir actualmente una tipificación de delitos contra la prensa, 14 de las agresiones contra periodistas son investigadas como amenazas, 10 como lesiones, seis como robo, cuatro como daño a la propiedad y tres como abuso a la autoridad. Estas han ocurrido en Mineral del Monte, Mixquiahuala, Huejutla, Pachuca, Tula, Zempoala, Chapantongo, Tizayuca y Agua Blanca.
Indicó que el objetivo de la iniciativa es proteger la vida, la salud y la integridad de los periodistas, así como garantizar la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas como motor del estado democrático. Asimismo, dijo que se plantean dos agravantes, que son en contra de quienes ejerce el acto con violencia y en caso de que el agresor sea un servidor público.
¿Qué dice la iniciativa?
De acuerdo con la iniciativa, que será presentada la próxima semana, se propondrá crear un capítulo en el Código Penal de Hidalgo denominado delitos contra la libertad de expresión, para establecer que comete este delito la persona que de manera dolosa impida o límite la libertad de expresión de una persona periodista, a quien se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión, y se aumentará esta pena en una tercera parte si se ejerce violencia y en una mitad si es cometido por un servidor público.
Asimismo, se define la libertad de expresión como la prerrogativa que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones sin discriminación a través de cualquier medio de comunicación.