Bertha Patricia Orozco Hernández, jueza Primera de Distrito de Hidalgo, le pidió a Álvaro Bardales Ramírez, contralor del gobierno estatal, que aclare la situación jurídica real de su antecesor, César Mora Velázquez, respecto a su presunta participación en el esquema de desvío de recursos público denominado Estafa Siniestra.
De acuerdo con la resolución del juicio de amparo 246/2023, la autoridad judicial federal le concedió la protección de la justicia federal al exfuncionario de la administración de Omar Fayad Meneses en contra de declaraciones que emitió Bardales Ramírez a medios de comunicación, en las que, a consideración de la jueza, formuló un juicio de culpabilidad en contra del quejoso sin que haya sido juzgado y condenado. Por lo que, a su juicio, violó la presunción de inocencia de Mora Velázquez sin que exista una sentencia condenatoria firme.
Esto se trata de una condena informal ante la sociedad”, refirió Orozco Hernández en su sentencia.
La jueza consideró que Bardales Ramírez no se limitó a describir los hechos, como, señala, pudo haber informado la existencia de una carpeta de investigación por hechos con características de delito, que se interpuso una denuncia o querella en contra de César Mora, o bien que se sigue una investigación penal en su contra, que constituyen, subrayó, una mera narración objetiva de hechos. No obstante, refirió que declaró lo siguiente:
Mora Velázquez tenía la función de llevar el control gubernamental en materia de presupuesto, transparencia y combate a la corrupción; sin embargo, lejos de cumplir su encargo como funcionario, habría sido el responsable de elaborador el esquema de desvío de recursos (…) o bien (…) existe una carpeta de investigación contra el excontralor estatal César Mora, por permitir que laboraran trabajadores en la dependencia estatal sin contar con los estudios académicos para realizar sus funciones”, señala la sentencia.
En ese sentido, Bertha Patricia Orozco consideró que tales declaraciones “evidentemente” implican juicios de valor relativos a la responsabilidad penal, incluso administrativa, del quejoso sin que exista una resolución firme que se haya resuelto sobre su responsabilidad penal. Además, señaló que el integrante del gabinete del gobernador Julio Menchaca Salazar no tiene carácter de autoridad penal para emitir dichos señalamientos.
Por ello, pidió al actual contralor estatal que gestione o solicite la eliminación de todas las publicaciones hechas por medios de comunicación impresos o digitales, así como en redes sociales, en los que él “condene” a su antecesor por los hechos conocidos como Estafa Siniestra; es decir, que contengan juicios de valor, no así si únicamente contienen expresiones descriptivas de los hechos.
También le solicitó que, a través de un medio de comunicación masiva, emita un comunicado en el que aclare la situación jurídica “real” de César Mora en relación a la carpeta de investigación o procedimiento administrativo, precisando que hasta ese momento no existe resolución firme que lo haya declarado responsable de los hechos imputados. En caso de que al momento de darle cumplimiento al fallo se hayan emitido las resoluciones referidas, no se le dará cumplimiento a este punto.
Además, le ordenó abstenerse de realizar pronunciamientos o comunicados con juicios de valor sobre la probable responsabilidad del exfuncionario de Fayad Meneses en la Estafa Siniestra.
Actualmente, hay tres órdenes de aprehensión libradas en contra de Mora Velázquez por su presunta responsabilidad en los delitos de amenazas, tráfico de influencias y peculado, de acuerdo con Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). Una de ellas derivó en que la Interpol emitiera una ficha roja en su contra.
