A un año del conflicto que ocasionó la revocación de 49 permisos de concesión para operar verificentros por presuntas irregularidades en la operación de estos espacios, diputados locales aprobaron una reforma que propuso Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, para evitar prácticas monopólicas, entre otras puntos.
En la sesión de este miércoles, por mayoría de votos fue avalada la reforma a la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo.
El diputado Luis Ángel Tenorio Cruz, quien dio lectura al dictamen, señaló que algunos de los objetivos de la reforma son asignar la facultad a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado (Semarnath) para llevar a cabo por si misma la medición e inspección de las emisiones contaminantes provenientes de vehículos automotores en circulación; evitar prácticas monopólicas; reducir el plazo para expedir el programa obligatorio de verificación vehicular a efecto de permitir una actualización constante; establecer sanciones “más severas” incorporando figuras legales y administrativas para que prevengan actos de corrupción o sobornos, entre otras.
De acuerdo con algunas de las modificaciones de la reforma, en el artículo 143 se plantea que la Semarnath expida semestralmente el programa obligatorio de verificación vehicular, mientras que antes era cada año.
Otra de las modificaciones, al articulo 183, establece que la dependencia estatal podrá otorgar hasta un máximo de tres títulos de concesiones administrativas a una misma persona física o moral del sector privado. Asimismo, señala que, si una persona física forma parte de una persona moral, su participación en esta también será contabilizada en lo individual.
También se define que no se podrán otorgar concesiones para la operación de centros de verificación vehicular a personas físicas o morales que hayan sido sancionados con la revocación de una; estado sujeto a un proceso judicial de suspensión de pagos o quiebra y, tratándose de persona moral, estar sujeta a concurso mercantil; haya sido responsable de la comisión de un delito en materia ambiental por sentencia ejecutoriada; tenga parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado con la persona titular de una o más concesiones; se trate de un servidor público o familiar de esta, ya sea en línea recta ascendente, descendente o colateral hasta el cuarto grado.
Se define que la vigencia de los permisos será de cinco años, prorrogables hasta por un periodo idéntico, contados a partir de la fecha de su otorgamiento.
Además, se establece que la secretaría podrá revocar concesiones cuando los concesionarios incurran en distintos actos o soliciten sobornos para cambiar los resultados de la verificación en favor de los usuarios, así como instalar o cambiar la tecnología autorizada para las verificaciones para alterar los resultados, entre otras acciones.
Tres meses antes de concluir la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses, la Semarnath revocó 49 de los 52 permisos de concesión para la operación de verificentros, por presuntas irregularidades en la operación de estos espacios, como que el equipo de cómputo de verificación tenían libre acceso a internet, que usaban un software diferente al autorizado, que había personal ajeno al establecimiento al momento de la revisión, entre otros.
Tras esta decisión, los concesionarios y trabajadores de los centros de verificación realizaron diversas protestas. Una de ellas en Palacio Nacional de la Ciudad de México, a donde llevaron un oficio en el que señalaron que “de manera alevosa y ventajosa” el 23 de mayo de 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) la convocatoria para la apertura de 15 nuevas unidades de verificación con diferente número de líneas, dependiendo el municipio, con un plazo, aseguraron, de 18 horas para cumplir con 15 requisitos, uno de ellos que no tuvieran un procedimiento administrativo en su contra para poder participar.
En dicho concurso, aseguraron, solo tres empresas cumplieron con los requerimientos. Estas son Argab y Asociados SG, cuya socio fundador, según los denunciantes, es Arturo Gabriel Ortega Hernández, actual director de Semovi; Spin Real Time SA de CV, cuya apoderado legal es Dyna Cardenas Juan, propietaria de una unidad de verificación en Morelos, y Bienes y Servicios de la Ciudad SA de CV, cuyo representante legal es José Alberto Madrid Baños, también propietario de una unidad de verificación en Morelos. Por ello, consideraron que el proceso fue “totalmente amañado”.
PERMISOS SERÁN REVOCADOS
En los artículos transitorios de la reforma, se establece que, una vez que entre en vigor el decreto, se revocarán todas las concesiones otorgadas, dejando a salvo su derecho para participar en la convocatoria que emita la Semarnath.
No obstante, los verificentros vigentes podrán seguir prestando el servicio por un periodo de 30 días hábiles, para lo que deberán presentar una solicitud a la dependencia estatal. Asimismo, se señala que la secretaría deberá emitir una convocatoria para otorgar nuevos permisos de operación a los centros de verificación vehicular.
