La diputada local de Morena Adelfa Zúñiga Fuentes y su hijo, Alejandro Chapey Ramírez Zúñiga, síndico hacendario de Actopan, se presentaron este día en audiencia de control, dentro de la imputación en su contra por presunto despojo relacionada con una institución educativa. En ella, de forma privada, el juez de control Jesús Anim Ope Islas dio 30 días al Ministerio Público para que informe si hacen falta pruebas o no dentro del proceso legal.
En entrevista posterior, el asesor jurídico de la parte acusadora, Rubén Dario Ramírez Fernández, consideró que las autoridades están retardando el caso para no afectar sus aspiraciones política.
En este momento lo que le están dando, y yo considero es una petición, y le voy a decir por qué, es una petición para retardar el procedimiento, y yo lo creo sinceramente es para sus aspiraciones políticas, si ella cumple con sus aspiraciones políticas sin estar inmersa. Entonces, le señalan una audiencia dentro de 30 días al Ministerio Público para que nos diga, simple y sencillamente si hacen falta pruebas o no, que antes de iniciar la audiencia el MP no había dicho solamente era una prueba pericial en topografía”, dijo.
El abogado explicó que la audiencia de este jueves en los juzgados de oralidad de Pachuca se derivó de que solicitó un control judicial por inactividad del Ministerio público, ya que, acusó, “tenía escondida la investigación”.
“Justamente le dije al juez que hasta en cinco ocasiones acudí a la ofician del Ministro Público Patrimoniales II para que me permitieran checar la carpeta. Hasta en cinco ocasiones en un año está perdida”, sostuvo.
Aseguró que tanto en el anterior gobierno estatal como el actual la carpeta de investigación “está en el limbo”.
“Por qué, siento yo y lo he manifestado: porque la señora es diputada, aprueba a los procuradores que propone el (ex)gobernador Omar Fayad, aprueba cuentas públicas”, dijo el abogado, quien sostuvo que “a la santa señora en todos los asuntos es ayudada, la protege el Estado”.
Ramírez Fernández insistió en que el plazo de 30 días que el juez dio a la representación social para que “haga saber si hacen falta pruebas o no” es un “apoyo tan grande” para los acusados, en medio de la definición de candidaturas para diputaciones y presidencia municipales.
La ministerio público se va plácida y feliz porque reciben este apoyo tan grande y se están ahora ventilando diputaciones y se están ventilando presidencia municipales”, afirmó.
HACEN PRIVADA LA AUDIENCIA DE SERVIDORES
La audiencia en la que se presentaron la diputada y el síndico de Actopan, a las 14:30 horas, fue decretada privada tras la solicitud de la defensa, la no oposición del MP y el rechazo de la asesoría jurídica de las víctimas en el caso.
La parte defensora alegó que sus clientes son servidores públicos, pero el asunto legal es particular, a lo que su contraparte señaló que las audiencias deben ser públicas para que la sociedad conozca el comportamiento de las partes actuantes y que se lleve de manera adecuada.
Si embargo, Ope Islas la decretó privada, exceptuando la máxima publicidad porque así lo estimó conveniente. Dijo que LOS imputados (ambos servidores públicos) tienen derecho a no ser expuestos, por lo que protegió su “imagen pública”. Además, alegó que en la audiencia se daría a conocer información por de la investigación y nombres de personas indagadas.
DatoAcro
-Ramírez Fernández, quien en casos anteriores de despojo defendió a la diputada (antes priista), indicó que la morenista está denuncia por él por el delito robo equiparado, en relación a una camioneta en disputa.
-Indicó que la audiencia de vinculación a proceso está programada para el primero de marzo de 2024.
Editor general, reportero