La transición de la Procuraduría General de Justicia (PGJH) a la Fiscalía General de Justicia de Hidalgo (FGJH) tardará un año más de lo previsto, tras el alcance que solicitó de nueva cuenta la Comisión Interinstitucional de Transición para que sea el 22 de julio de 2025 la fecha máxima a culminar con este proceso.
El miércoles, en sesión de Congreso, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Enciso Arellano, leyó un comunicado bajo el oficio PGJH/02/SJDH1427/2024, que envió David Magaña Muñoz, en su calidad de secretario técnico de la Comisión Interinstitucional de Transición, con el cual hace un alcance al documento del 21 de junio y se solicita “se amplíe la prórroga solicitada para la conclusión integral de los trabajos de transición de Procuraduría a Fiscalía General de Justicia del estado de Hidalgo” (FGJH).
El documento se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, donde se encuentra la primera petición de ampliación de seis meses.
Apenas el martes en tribuna se presentó en tribuna la propuesta de reforma al artículo tercero transitorio al decreto 218, con el cual se hacen adecuaciones a la Constitución Política del Estado de Hidalgo para la creación de la FGJH, para solicitar solamente un periodo de medio año para terminar con el proceso de transición; es decir, a más tardar el 28 de febrero de 2025, en vez del 22 de julio de 2024.
Se tomó la decisión fundamental con el sentido administrativo de prolongarlo un año, o sea del 22 de julio, que es el límite de dos años, como decía la ley en la reforma constitucional, hacer un transitorio y prolongarlo a tres años”, manifestó presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia Octavio Magaña Soto, ante el nuevo escenario del proceso que está a menos de un mes de cumplir la fecha falta.
Justificó que se pide el aumento de extensión debido a cuestiones administrativas y que el plazo de un año más (tres en total) es menor a lo que tardaron procesos de transición de estados como Zacatecas y Nuevo León, donde “tienen un lío” y “los tiene batallando” desde hace más de cuatro años con a transición a fiscalía.
Abundó que el procedimiento se encuentran en que los bienes inmuebles para pase del Poder Ejecutivo a la Fiscalía, así como el recurso humano, lo que corresponde al cambio de patrón, lo que ha retrasado la transición.
PRESUPUESTO
Sobre el presupuesto para este proceso, el cual se contempló solo para dos años, Magaña Soto puntualizó que ese punto no se ha abordado en sesiones de la Comisión Interinstitucional de Transición.
No se ha tocado, en el proyecto del paquete fiscal ahí se tendrá que contemplar, ya estarían contemplando parte de esta transición, que yo creo que sí”, manifestó el diputado local.
No obstante, aseveró que en forma operativa, la PGJH ya actúa como una fiscalía, por lo que solo falta lo “meramente administrativo”.
Como parte de las acciones implementadas en casi dos años, además de los puntos que enunció el martes al presentar la propuesta de reforma al artículo transitorio, Magaña Soto aseguró que se encuentra el abatimiento del rezago de los casos.
Se ha atacado el rezago, recordemos que era un porcentaje muy importante de averiguaciones o de carpetas de investigación que no se habían resuelto, y considero que ha sido titánico, es más que nada en el trabajo ejecutivo, quienes viven en el trabajo diario de la Procuración de Justicia”, añadió.
Adelantó que tras la nueva petición hecha por la Comisión Interinstitucional de Transición, sesionarán en comisión el próximo viernes para que el próximo martes se suba al pleno.
Debido a que la prórroga requiere el aval de más del 50 por ciento de los Cabildos, el diputado dijo que tratarán de que las asambleas locales le den celeridad al trámite y que no ocurra lo mismo que con la reforma constitucional en materia de fiscalía, que los municipios tardaron hasta siete meses en abordar el tema.
Lo que no queremos es eso, sería ir a los municipios, pedirles a los ayuntamientos ser un poquito más, y a veces se mandan los correos electrónicos, y en el caso de los ayuntamientos, digamos que se va relegando en sus prioridades, y ahí es donde queremos nosotros, poderlo, digamos, en un tiempo importante, poderlo sacar para que sea su publicación”, manifestó.
Aunque mencionó que no habría problema, se rebasa la fecha límite de dos años que establece el actual decreto (22 de julio de 2024) para que las asambleas locales avalen la reforma, consideró que deben tener mejor comunicación con los ayuntamientos para que pongan entre sus prioridades el tema.
Reportero