Dirigentes antorchistas de la capital hidalguense denunciaron que la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales no atiende a familias que demandan la introducción del servicio de agua potable, del que han carecido por años.
El grupo campesino, señaló que tenían una cita programada con el director de este organismo, Juan Evel Chávez Trovamala, pero el funcionario no asistió, en su lugar, llegó personal de CAASIM, CEVIH (Comisión Estatal de Vivienda de Hidalgo) y Gobierno de Hidalgo asignado para tratar el tema de regularización; presionando y condicionando el acceso al agua.
Esta reunión se concertó luego de que, el viernes 14 de junio, familias de la colonia ampliación Jorge Obispo acudieron a CAASIM para, de nueva cuenta, solicitar audiencia con el Licenciado Chávez Trovamala para que se atienda su petición de realización del proyecto técnico de la obra de agua potable.
Al no encontrarse, de manera escrita, se les agendó la mencionada mesa de trabajo, que habría de realizarse en Palacio de Gobierno.
“Así, se hace uso faccioso del poder estatal. Y no es un hecho aislado, pues además, el Gobierno de Hidalgo con un doble discurso y sin información clara y precisa, está llevando a cabo una campaña para que solo pocas familias pueden avanzar en el proceso de escrituración, a pesar de que todos los vecinos han solicitado esta petición en constantes ocasiones. Nosotros queremos dejar bien claro que la regularización, como organización, la hemos solicitado incansablemente; no ha sido por falta de gestión o negación a realizar los trámites que no se avanza, sino por negativa de los gobiernos anteriores y el de ahora, que pretende intimidar a líderes sociales calumniando, en lugar de atender y resolver esta demanda”, denunció Mejía Mejía.
El pasado 10 de junio, se llevó a cabo una reunión de trabajo donde asistieron Raúl Serret Lara, Coordinador General Jurídico del Gobierno de Hidalgo, Jorge Arturo Castañeda Montes de Oca, Director de la CEVIH y el encargado del despacho de la Subsecretaria de Gobierno, sin embargo, no dieron informes sobre los avances del proceso de escrituración, en el que de acuerdo a anteriores informes ya se había incluido a colonias de Pachuca y Tizayuca. Se limitaron a acusar de ilícitos, sin dar fundamentos, a dirigentes sociales que representan a familias que han trabajo por un patrimonio propio, relató Indalecio Mejía.
La lucha de Antorcha seguirá, seguiremos con las protestas, con las difusiones, con las denuncias, porque ahora el Gobierno de Hidalgo en lugar de resolver condena a quienes hacen uso de su derecho de organización y pretende intimidarlos y condicionar sus derechos como el del acceso al agua potable. Seguiremos demandando una audiencia con el gobernador o con el subsecretario de gobierno, Guillermo Olivares Reyna, pues fue este último quien se comprometió a agendar mesas de trabajo “resolutivas” y a la fecha continúan sin atenderse los problemas de las familias hidalguenses”, finalizó.
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