A más de dos años de haber comenzado diferentes litigios por el bloqueo de cuentas bancarias de tres de sus empresas, derivado de investigaciones que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y a cinco meses de que se lleve a cabo la jornada electoral, Benjamín Rico Moreno, recientemente separado de sus funciones como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Pachuca, aún enfrenta un proceso por el congelamiento de un registro bancario de una de sus constructoras.
La unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó el año pasado una cuenta de la empresa Promotora Inmobiliaria Moreno, ligada al político y constructor priista.
Derivado de esto el 2 de mayo pasado promovió el amparo 703/2023, ante el Juzgado Tercero de Distrito de Hidalgo. El apoderado legal de la firma también tramitó un incidente de suspensión para buscar desbloquear el registro bancario, en el banco Scotiabank Inverlat, en lo que se resuelve de fondo el juicio; sin embargo, este fue negado de manera definitiva en octubre del año pasado, debido a que el acto derivó de una investigación por parte de alguna autoridad.
Aunque la audiencia constitucional estaba programada para el 14 de noviembre de 2023, no hay registro en el portal del Consejo de la Judicatura Federal de que se haya llevado a cabo, por lo que aún no hay una sentencia firme del juicio de garantías.
UIF comenzó investigaciones contra Rico en 2021, cuando aspiraba a diputación
Las investigaciones de la UIF en contra del aspirante a presidente municipal de Pachuca comenzaron a principios de 2021 (año en el que buscó una diputación federal y perdió contra la morenista Lidia García), cuando Santiago Nieto Castillo, exencargado de la procuraduría en Hidalgo, era titular de la dependencia federal, y a mediados de ese año incluyó a la lista de personas bloqueadas a dos de sus empresas.
Una de ellas fue Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, por la cual promovió el amparo 710/2021, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de Hidalgo. El juicio comenzó en junio de 2021 (mes de las elecciones) y en septiembre del mismo año se le concedió la protección de la autoridad judicial federal, debido a que el bloqueo de su cuenta -también en el banco Scotiabank Inverlat- no derivó de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional, sino por “cuestiones estrictamente nacionales”.
No obstante, el organismo de la SHCP se inconformó por la sentencia e impugnó en repetidas ocasiones la resolución de la autoridad judicial, hasta que en junio de 2023 se acató la sentencia y se ordenó a la institución bancaria desbloquear la cuenta de la empresa.
También fue congelada la cuenta 04703732029, en el banco Scotiabank Inverlat, de la empresa Promotora Corporativa Rico. En junio de 2021 promovió el amparo 681/2021, turnado al Juzgado Tercero de Distrito local, y más de un año después, en noviembre de 2022, obtuvo la protección de la autoridad jurisdiccional federal, por lo que en marzo de 2023 se dio cumplimiento a la sentencia tras varios intentos de la UIF por revertirla.
Por lo que actualmente solo está pendiente de resolverse el juicio de amparo 703/2023, que promovió en mayo de 2023 por el bloqueo cuenta de la empresa Promotora Inmobiliaria Moreno.
Conflictos de interés, persecución de un ciudadano y frustración política
En 2017 se destapó un conflicto de interés entre los hermanos Rico Moreno. Las constructoras de Marco Antonio, exsubsecretario de Obras Públicas del gobierno estatal, obtuvo más de 270 licencia de construcción en municipios de la entidad y la dependencia en la que laboraba le autorizó obras al emitir los permisos y cambios de uso de suelo. Esto llevó al exfuncionario a renunciar al cargo y a que el gobierno estatal iniciara una supuesta investigación, de la cual nunca se informó la resolución.
Constructora Crimsa, de la que Marco es accionista mayoritario, recibió 182 licencias de construcción en Zempoala, y Constructora Sylma, propiedad de su hermana Sylvia Rico, obtuvo 91, algunas para la construcción de fraccionamientos.
En ese municipio construyeron el fraccionamiento Esmeralda, el cual presentó problemas de inundación por deficiencias en las obras. Esto provocó daños en algunas casas, entre ellas la de Leonardo García Vázquez, quien denunció ante varias autoridades el conflicto de interés y dio a conocer a medio de comunicación las afectaciones a su vivienda.
Por estos hechos, el ciudadano fue demandado por difamación por Constructora Sylma, lo que derivó en su detenido, en Estado de México, y trasladado a Hidalgo, donde la jueza Sissi Anette Rodríguez lo vinculó a proceso en enero de 2018, al considerar que al haber declarado ante la prensa que se sentía defraudado lo había hecho de manera dolosa y que incurrió en la conducta delictiva, pues no acudió a las instancias legales a hacer la denuncia. Además, la empresa de Sylvia le pedía 65 millones 504 mil 852.02 pesos de indemnización. El proceso duró cerca de dos años, hasta que el Congreso local derogó los delitos contra el honor en la entidad.
El proceso penal se llevó a cabo en el periodo en el cual Benjamín Rico se desempeñaba como funcionario en el gabinete del exgobernador Omar Fayad Meneses y su hermano Mario Rico Moreno era subprocurador de Derechos Humanos y Servicio a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
A la par de su bonanza como constructor, Benjamín ha tenido diferentes cargos públicos bajo las administraciones del Revolucionario Institucional. En el mandato del exgobernador Jesús Murillo Karam se desempeñó como secretario de Medio Ambiente, de 1996 a 1998. Con Fayad Meses fue secretario de Obras cuando el ahora embajador de México en Noruega presidió la alcaldía de Pachuca, de 2006 a 2009, y volvió a repetir en Medio Ambiente estatal en su administración, de 2016 a 2020. También fue director local de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) en Hidalgo, de 2013 a 2015.
En 2021 fue candidato del PRI a diputado federal por Pachuca, pero perdió contra la morenista Lidia García, de Grupo Universidad. Un año antes su partido -bajo el control político del exgobernador- rechazó darle la candidatura por el ayuntamiento de Pachuca y lo inscribió como suplente de Sergio Baños Rubio, actual alcalde de la capital hidalguense, con quien comenzó a tener conflictos desde el inicio de su administración, rompió públicamente en junio de 2023 y ha cuestionado su desempeño en la alcaldía. Actualmente aspira, una vez más, a ser presidente municipal.
DatoAcro
-El artículo 116 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados.
-Otro de los supuestos es cuando derive de órdenes dadas por la UIF o si hubiese sido emitida en atención al cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental.
