Durante la sesión ordinaria celebrada el miércoles 25 de octubre, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura aprobaron dos minutas enviadas por el Senado de la República en materia de Bienestar y de inimpugnabilidad de reformas a la Carta Magna.
En el primer dictamen, la diputada de Morena, Alhely Medina Hernández, expuso los argumentos de la minuta que reforma y adiciona los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.
La minuta aprobada con 28 votos a favor, tiene por objeto reducir la edad de las personas adultas mayores de 68 a 65 años para obtener la pensión no contributiva, garantizando el acceso a un ingreso básico que mejore su calidad de vida y fortalezca su autonomía.
En su posicionamiento, la diputada Hilda Miranda Miranda (Morena), subrayó los objetivos fundamentales de esta reforma, como la garantía de una vivienda digna y adecuada, la protección integral para personas con discapacidad permanente, el apoyo a los adultos mayores y la promoción de condiciones más justas para los productores campesinos y pescadores.
El legislador del PRI, Marco Antonio Mendoza Bustamante, también se pronunció a favor de la iniciativa, destacando que su partido siempre respaldará los programas que garanticen apoyos a personas agricultoras y adultos mayores. Sin embargo, señaló que la sesión se desarrolló de forma ilegal, argumentando que fue convocada sin conocimiento previo de los dictámenes.
Se aprueba minuta en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la constitución federal.
En la misma sesión, la LXVI Legislatura de Hidalgo aprobó, con 24 votos a favor y cinco en contra, la minuta para reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución en materia de inimpugnabilidad de adiciones o reformas a la Constitución Federal, convirtiéndose en uno de los primeros congresos del país en avalar este dictamen.
Durante la lectura del proyecto, la diputada de Morena, Alma Rosa Elías Paso, señaló que esta minuta propone reafirmar la improcedencia de los medios de control constitucional que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas que pretendan incidir sobre el texto fundamental.
Expresando su postura a favor, Yarabi González Martínez (Morena), destacó la importancia de esta reforma, argumentando que garantiza la supremacía de la Constitución y asegura que sus términos no serán modificados de manera arbitraria.
Al posicionarse en contra, la legisladora del PRI, Johana Montcerrat Hernández Pérez indicó que esta iniciativa viola el proceso legislativo y argumentó que la prisa por aprobarla pone en riesgo el estado de derecho.
En su participación, la congresista del PAN, Claudia Lilia Luna Islas, expresó su voto en contra al señalar que esta minuta atenta contra el sistema constitucional y constituye una grave violación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Por parte de Nueva Alianza (Panalh), el legislador Jorge Argüelles Salazar aclaró que esta modificación, realizada por el Poder Legislativo Federal y apoyada por las legislaturas locales, no permitirá la participación del Poder Judicial en el proceso de reformas a la Constitución.
Karla Perales Arrieta de Movimiento Ciudadano (MC), expresó su voto en contra, argumentando que este dictamen podría dar lugar a un control constitucional susceptible a influencias políticas. Advirtió que esto incrementaría la posibilidad de que las decisiones sobre la constitucionalidad de ciertas normas estuvieran influenciadas por la presión política.
Para pronunciarse a favor del dictamen, Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) mencionó que, esta disposición no es nueva ya que se contemplaba en el marco jurídico en el artículo 61 de la Ley de Amparo y sólo se está llevando a la constitución, afirmando que ningún poder, ley o acción del gobierno puede estar por encima de los derechos que otorga la Constitución.
Ante el pleno y tras pronunciarse con su voto en contra, el diputado Carlos Alejandro Alcántara Carbajal (MC), advirtió que esta reforma afectará a quienes ejercen mecanismos de defensa y generará un precedente preocupante al establecer un Poder Legislativo sin control, así como una Carta Magna “incapaz de corregir sus propios errores”.
A su vez, Cynthia Citlali Delgado Mendoza (Morena), aclaró que esta minuta busca hacer explícito que las reformas queden exentas de impugnaciones a través de medios como el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
Por su parte, Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI), observó que esta reforma fue promovida tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que sí es posible revisar reformas constitucionales cuando violan el proceso legislativo.
Ante este tema, la morenista Tania Meza Escorza señaló que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los jueces están impedidos para revisar la constitucionalidad de las normas constitucionales y agregó que, en varias ocasiones, la Corte ha concluido que las decisiones del Poder Legislativo no pueden ser anuladas mediante la argumentación legal.
Con su voto a favor, Mónica Leanett Reyes Martínez (Panalh) afirmó que esta reforma no debilita el juicio de amparo ni las facultades de la Suprema Corte para revisar la constitucionalidad de las leyes.
En su participación, Alhely Medina Hernández (Morena), respaldó esta reforma, comentando que es falso que desaparezca el amparo, la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional.
“La reforma sólo restringe la procedencia de esos medios de control cuando se trate de la Constitución, pero no cuando se trate de leyes secundarias, que es el grueso de los medios de impugnación” indicó.
Finalmente, la legisladora Diana Rangel Zúñiga (Morena), expresó que esta reforma representa, en esencia, una promesa de permanencia y respeto a las conquistas sociales de un pueblo cansado de ser ignorado, que “hoy ha decidido reclamar su voz y dignidad, transformando el dolor, la esperanza y la resistencia en una fuerza que finalmente tiene el poder de transformar el país”.
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