La disputa legal por la propiedad del parque Tzibanzá, ubicado en Cadereyta, Querétaro, afecta a personas de tres municipios hidalguenses que viven de la actividad turística que se genera en esta parte de la presa de Zimapán, informó Luis Rafael Arriaga Conde, defensor legal de la cooperativa.
En rueda de prensa, el abogado hidalguense y expresidente municipal de Mineral del Monte dio a conocer que, durante la administración del exgobernador queretano Francisco Domínguez Servién (2015-2021), el gobierno estatal acordó con las familias que integran la comunidad étnica otomí (conformada por 600 personas) que ellos cederían las 4 hectáreas que conforman esta zona para bajar 64 millones de pesos de recursos federal, y llevar a cabo proyectos turísticos como la construcción de un hotel.
No obstante, dijo que los dirigentes de la cooperativa, quienes firmaron el acuerdo, son personas que no saben leer ni escribir.
Posteriormente, explicó que la actual administración estatal de Querétaro, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri González, les comenzó a cobrar un arrendamiento de 200 mil pesos para permitirles continuar con sus actividades económicas enfocadas en el turismo; a cambio, promedió regresarles la propiedad de las tierras.
Incluso, dijo, les advirtieron que de no pagar es monto podrían vender el predio a una empresa española que está interesada en adquirir el complejo turístico.
Arriaga Conde indicó que este conflicto afectan a los habitantes de los municipios hidalguenses de Tecozautla, Tasquillo y Zimapán (que colindan con el Parque Tzibanzá) que viven de la actividad turística de esta zona.
Adelantó que buscarán que la autoridad federal intervenga en este conflicto.
