Luego de que Víctor Licona Cervantes, denominado líder gremial, acusó allanamiento a las instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (Sutspeeh), Raúl Serret Lara, coordinador General Jurídico del gobierno de Hidalgo, afirmó que el inmueble es propiedad de la administración estatal.
A ello atribuyó la presencia de funcionarios en las instalaciones, la tarde de ayer, para formalizar la posesión al nuevo grupo que es reconocido por las autoridades como el que lidera al sindicato, lo cual generó el señalamiento.
Usted no puede llenar su propia casa cuando usted tiene propiedad de su casa, no”, dijo.
Sostuvo que se resguardó el inmueble, respetando la vida sindical, “para que no le pasada nada”.
“Una vez que hay una toma de nota y hay una persona jurídica que legalmente representa, pues le regresamos el inmueble, vamos a formalizar un contrato de comodato (…) y en ese sentido le entregan la posesión al sindicato para que siga teniendo operaciones y continúe con la representación del gobierno”, expresó..
El funcionario aseveró que el gobierno estatal no es parte de la controversia dentro del ente sindical, en la que está en disputa la secretaría general.
Aparentemente algún cometió un error en el proceso de elección, aparentemente la persona que lideraba (Licona Cervantes) tenía una excepción porque se están reeligiendo y rompía con principios constitucionales y de los propios estatutos, y al tener unas reelecciones periódicas y violentar la propia Constitución, aparentemente algunos trabajadores controvirtieron su última elección y eso dio lugar a que nos notificara el Tribunal (de Arbitraje) que le dieron la toma de nota a una plantilla diferente”, expuso sobre la reelección de Licona Cervantes en 2022, la cual fue controvertida.
Afirmó que el Tribunal de Arbitraje le reconoce la personalidad jurídica al grupo al que entregó la toma de nota, encabezado por Manlio Herrera Chagoya. Asimismo, dijo que la controversia entre sindicalizados y el tribunal, quien ordenó un interinato en 2023, lo que fue controvertido por Licona Cervantes tras frenar su toma de nota como líder reelecto, está siendo atendida e insistió en que “el gobierno no es parte”.
Consideró que el Tribunal de Arbitraje “fue muy puntual” de que nunca se dejara sin representación al gremio.
Sobre el despido de Licona Cervantes, el funcionario dijo que “aparentemente” incumplió con sus obligaciones como trabajador, por abandono, por lo cual el gobierno estatal inició un procedimiento en su contra, ante lo cual el otrora líder sindical promovió un amparo (819/2033).
Él ahora controvierte, a partir de un amparo, cuando en su momento no defendió adecuadamente su procedimiento”, consideró.
El despido de Licona Cervantes se dio mientras se encontraba encarcelado, a partir de julio de 2023, por 55 días, imputado por el delito de negociaciones indebidas, acusación que quedó insubsistente tras anular un juez federal, a través del amparo 1257/2023, el auto de vinculación a proceso de 6 de julio, pues no se acreditó el tipo penal que le imputó el Ministerio Público.
Editor general, reportero