Luego de que el excontralor César Román Mora obtuvo una suspensión provisional para que su sucesor, Alvaro Bardales Ramírez, “deje de difundir” información y manifestaciones que lo vinculen con la Estafa Siniestra, el encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Santiago Nieto Castillo, consideró que en temas de corrupción no pueden haber “reserva de información”, conforme a la Ley de Transparencia.
El Juzgado Primero de Distrito de Hidalgo otorgó la medida cautelar al exfuncionario del exgobernador Omar Fayad Meneses, quien tramitó un amparo el 17 de febrero y aseveró que el titular de la Secretaría de la Contraloría ha usado “el término de Estafa Siniestra para criminalizarlo y violar su presunción de inocencia”, por lo que pidió que “cesen la carga de adjetivos en su contra” que lo presentan “ante la sociedad como culpable”.
En su demanda de amparo, el exfucnionario sostuvo que “al leer las noticias se percató” de “una nota periodística en donde la autoridad responsable hace pública la denuncia que obra en su contra”. Y cita textos publicados en los portales La Silla Roja, AM Hidalgo, El Sol de Hidalgo, El Sur Tamazuchale y EA Noticias, en los que supuestamente se le vincula con el desvió de recursos en el que -de acuerdo con la PGJH- participaron 13 ayuntamientos en el desvió de 522 millones de pesos.
“Así como entre otras notas periodísticas más, en que se realizan aseveraciones relativas a los hechos en los que el quejoso se encuentra bajo investigación por parte de diversas autoridades”, dice la solicitud de protección de la justifica federal, cuya audiencia para resolver el incidente y si obtiene la suspensión definitiva será el 27 de febrero.
El juzgado federal ordenó, en tanto se determina si se da la medida cautelar de manera permanente, que el contralor del gobierno morenista “se abstenga de difundir información y realizar declaraciones, manifestaciones o comentarios con relación al quejoso, cuya naturaleza sea igual o similar a la de los actos reclamados”.
No obstante, Bardales Ramírez podrá hacerlo si las expresiones derivan del estricto ejercicio de las atribuciones que por disposiciones constitucionales y legales les corresponden llevar a cabo.
Asimismo, el juez ordenó a las autoridades “realizar las gestiones necesarias” para que se elimine de internet y de redes sociales la información, manifestaciones, declaraciones o comentarios reclamados, “únicamente en la parte en que aluden a la persona quejosa”.
Mora Velazquez consideró que se transgreden los derechos de “la presunción de inocencia y dignidad”, pues asevera que los dichos que atribuye en su contra contener “información que no es veraz, objetiva ni imparcial”.
Al respecto, Nieto Castillo sostuvo que la llamada Estafa Siniestra fue orquestada por varios integrantes del gabinete anterior, utilizando también a los presidentes municipales, por lo que dijo que se tiene que poner por encima el derecho a vivir libres de corrupción.
“Creo que en este caso en particular, entre la presunción de la inocencia y el derecho al honor y, por otro lado, el derecho a la información pública, la libertad de expresión y, por supuesto, el combate a la corrupción, el derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de corrupción, tenemos que estar por lo segundo.
“En una sociedad democrática, lo más importante es la libre manifestación de las ideas y, sobre todo, teniendo consideración que la Ley General de Transparencia, que es aplicable a nivel federal y local, señala que en temas vinculados con corrupción y temas con violaciones graves de los derechos fundamentales no puede haber reserva de la información, y creo que ese es un caso particular”, expuso.
Editor general, reportero