Luego de la denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) presentó en contra del gobierno municipal de Tula, encabezado por el presidente municipal Manuel Hernández Badillo, por los delitos de peculado y desvío de recursos públicos por 60 millones 579 mil 460.94 pesos, el diputado local Octavio Magaña Soto pidió que se penalice a las personas responsable por estos actos.
A través de un vídeo que circula en redes sociales, el legislador representante del distrito XIV con cabecera en Tula refirió que los recursos que señaló el ente fiscalizador, a través de una auditoría extraordinaria, fueron asignados antes y después de la inundación de 2021.
“Como lo dijimos antes, cuando denunciamos en conjunto con la sociedad civil, que estos recursos debían legitimarse y que fueran y llegaran a la ciudadanía que tanto los necesitó”, señaló.
Por lo que pidió a las autoridades correspondientes realizar las investigaciones y castigar a quienes resulten responsables de la malversación de los recursos públicos del municipio.
El jueves pasado, la ASEH presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH) en contra del gobierno municipal de Tula por los delitos de peculado y desvío de recursos públicos por 60 millones 579 mil 460.94 pesos.
Dos días antes, el titular del órgano técnico del Congreso local, Jorge Valverde Islas, informó que preparaban dos denuncias más en contra de los gobiernos municipales de Tula y Huautla, este último por su presunta participación en el esquema de desvío de recursos públicos denominado Estafa Siniestra.
Valverde Islas adelantó que en el caso de Tula es relacionado a las observaciones que tuvo el municipio corresponden a la cuenta pública 2021 por 59 millones 900 mil 139.14 pesos, los cuales fueron utilizados para atender y dar apoyos por la inundación de septiembre de ese año.
Entre las observaciones al municipio están el pago de servicios de jardinería y fumigación sin documentación justificativa por 37 millones 502 mil 678.20 pesos; la omisión de entregar documentos que justifiquen la entrega de alimentos, medicinas, suministros médicos, lavandería, jardinería y fumigación y productos textiles por 21 millones 322 mil 863.04; y pagos improcedentes por un millón 74 mil 497.90 pesos por la adquisición de colchones que no cumplieron con la calidad y características contratadas, los cuales fueron quemados por damnificados frente a la presidencia municipal.
