Por su mala planeación y “la incompetencia” con la que se realizó la obra del puente Atirantado, el contralor Álvaro Bardales Ramírez indicó que se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa, situación que involucra a la entonces Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) como principal responsable, que estuvo a cargo de José Ventura Meneses Arrieta.
En entrevista con Acrópolis Noticias, el titular de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo habló sobre dos de las megaobras de la administración del exgobernador Omar Fayad Meses, cuyo ciclo -desde su creación durante el último periodo de su gobierno hasta un año 4 meses de transcurso de la nueva administración- sigue sin cerrarse.
Mientras el Nuevo Hospital General de Pachuca, que se encuentra en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación (DESCTI), esta cerca de ser entregado al sistema IMSS-Bienestar, indicó que el Atirantado “es todo un caso”.
En espera a las observaciones de la Cuenta Pública en su tercera entrega del 2022 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Bardales Ramírez adelantó que por parte de la Contraloría se prevé iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa.
Yo creo que tendremos que dar inicio a un tipo de procedimiento de responsabilidad por la incompetencia de quien llevo a cabo los procesos”, manifestó.
Cuestionado si el proceso involucra a Meneses Arrieta, sin indicarlo directamente manifestó que es contra la dependencia -hoy Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible- como encargada de la planeación de la obra.
En el puente Atirantado es todo un caso, porque independientemente que la obra hubiera estado terminada, independientemente que no hubiéramos podido analizar los sobreprecios o alguna situación de esas, la situación es que fue una obra mal planeada, porque no resuelve la problemática para la cual se hizo”, planteó el contralor estatal la estructura ubicada en bulevar Colosio con un costo de 502 millones de pesos.
Por la naturaleza de los recursos que se ocuparon para su elaboración, provenientes de la federación, la ASF tiene la potestad de inspeccionar el proceder con el cual se hizo la misma.
En tanto, para la segunda megaobra de la administración de Fayad, misma que inauguró el 2 de septiembre de 2022, dos días antes de culminar su administración, Álvaro Bardales indicó que parece que ya están solventados todos los vicios heredados en el Nuevo Hospital General de Pachuca.
“Cuando llegamos era una obra que estaba inaugurada, entregada y funcionando, entre comillas, porque no tenía agua, luz, drenaje, no tenía nada”, recapituló.
Ante todos los desperfectos, indicó que se reunieron con las 19 constructoras que participaron en ese proyecto, por lo cual se les advirtió a cada una que debían atender los contratos o se emplearían los procedimiento legales. Con “esta presión”, dijo, “logró prácticamente terminar los pendientes”.
Ahorita estamos esperando, porque el Hospital General forma parte de una de las 505 unidades médicas que se transfieren a la federación por medio del sistema IMSS-Bienestar para asegurar la seguridad social”, refirió respecto al acta de entrega-recepción.
Como lo mencionó el gobernador Julio Menchaca Salazar, el contralor dijo que la transferencia debe quedar completamente terminada el 21 de marzo; en tanto, el último visto bueno lo debe de dar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través de una inspección para descartar que persista algún vicio en el inmueble y tomarlo bajo su tutela y asignar los proyectos para la conclusión de las etapas restantes.
Para nosotros ya está bien con lo que nosotros hicimos, se contrató a un despacho externo, se hizo un dictamen de obra y estamos esperando a que IMSS-Bienestar llegue y tome, ahora sí, que haga su propia revisión para que, en caso de que haya un incumplimiento, vayamos contra las empresas. Pero creo que es una de las obras que se va a entregar, ya resueltas”, aseguró.
Consideró que las 19 empresas constructoras atendieron las observaciones e irregularidades porque “no quieren perderse de estar en el padrón de proveedores y contratistas”.
Reportero