La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) presentará la primera demanda de extinción de dominio sobre un inmueble ubicado en Tepetitlán, el cual fue utilizado para un secuestro, para que pase al Instituto Hidalguense para Devolverle al Pueblo lo Robado (IHDPR), cuyo titular, Carlos Arturo Sánchez Lugo, fue anunciado el 1 de marzo.
El encargado de la PGJH, Santiago Nieto Castillo, dijo que este tipo de asuntos se llevan por la vía civil, no por la penal.
“Vamos a presentar las primeras demandas ante el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo”, expuso.
Posteriormente, presentarán un juicio por una serie de vehículos que no cuentan con reporte de robo y han sido asegurados por parte del ministerio público en distintos cateos, particularmente por asuntos de narcomenudeo y secuestro.
Recordó que no en todos los tipos penales se permite la extinción de dominio.
“Estaremos presentando un informe en la siguiente sesión del Consejo Directivo del IHDPR respecto a los bienes que se plantean ante el Tribunal Superior de Justicia”, expresó.
Nieto Castillo añadió que resta el avalúo para poder determinar cuál es el monto de las propiedades.
“Nosotros vamos a hacer un planteamiento al propio Tribunal Superior de Justicia, pero este tendrá que evaluar su propio valor y después entregárselo al instituto para que el instituto determine su venta, que pueda ser subasta o directa”, expuso.
Indicó que para la extinción de dominio no es necesario que concluya el proceso penal contra la personas involucradas en un delito que conlleve la pérdida de una propiedad.
“Es autónoma, entonces tenemos el primero, un caso de secuestro, es un inmueble rural donde tenían la casa de seguridad, con independencia de está vinculado a proceso la persona que cometió el delito y está en preventiva oficiosa siguiendo su curso. Nosotros le vamos a seguir por la vía civil, lo permite la Ley General de Extinción de Dominio, se presenta en vía civil, se obtienen los recursos y se canaliza”, expuso.
Indicó que como en el caso del Instituto para Devolverle al Pueblo Nacional del orden federal, el IHDPR tendrá un fondo en caso de que los implicados obtengan una sentencia absolutoria o un cambio de criterio, para que se pueda aplicar un reintegro.
“Este caso en el que se ha acreditado el secuestro, que los recursos para poder tener ese bien inmueble provenían de esa actividad ilícita”, expuso.
Agregó que el IHDPR contará con un gabinete social, que encabeza el gobernador Julio Menchaca Salazar, para determinar a qué municipios serán destinados los bienes que se logran en la extinción de dominio.
Editor general, reportero