Luego de que Cristian G.B., exdirector del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Hidalgo (SRH), obtuvo un amparo en contra de la prisión preventiva que le fue dictada en el proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio indebido del servicio público, el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJH), Santiago Nieto Castillo, consideró que esta medida cautelar no debe varias y pidió a las autoridades judiciales recordar que el daño que se hizo con la pérdida de 11 estaciones radiofónicas.
“Él (exfuncionario de la administración del exgobernador Omar Fayad) está en su derecho en acudir al juicio de amparo, se tendrá que desarrollar nuevamente la audiencia, nosotros daremos las razones por las cuales consideramos que la media de presión preventiva justificada no debe variar.
Es un tema importante que se repare el daño, y acuérdense de lo que se perdió, fueron 11 estaciones de radio de todas y de todos ustedes, eso que no se nos olvide, que no se nos olvide”, mencionó en entrevista.
De acuerdo la resolución del expediente 1973/2022, la jueza Bertha Patricia Orozco Hernández le concedió el amparo al extitular del organismo y ordenó a la jueza de control Karina Vertíz Marín dejar insubsistente la audiencia de medidas cautelares del 14 de diciembre del año pasado, así como la resolución que emitió en dicha diligencia; es decir, la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
También requirió que cite a las partes a una nueva audiencia de medidas cautelares, en la que se subsanen los vicios de motivación advertidos en la resolución. Tomando en cuenta que las partes no podrán expresar nuevos argumentos, sino que Vertíz Marín deberá resolver lo conducente sobre la base de los que ya fueron expuestos en la audiencia inicial.
En el entendido que la resolución que emita podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero en caso de reiterar su decisión, deberá dar mayores causas, razones y motivos que justifiquen y sean suficientes para imponer la medida cautelar de la prisión preventiva, que es de carácter excepcional, desde luego derivadas de las exposiciones de la fiscalía”, señaló Orozco Hernández.
En la resolución, la jueza federal detalla que una de las justificaciones para imponerle la medida cautelar de prisión preventiva al imputado es que el Ministerio Público (MP) argumentó que el acusado tiene un domicilio en Pachuca y otro en Cuernavaca, Morelos, lo cual consideró discriminatorio. Asimismo, porque se solicitó la pena máxima de seis años de prisión y una reparación del daño de más de 10 millones de pesos, y porque al haber sido director del organismo puede obstaculizar las investigaciones por haber contratado personal de confianza que le debe lealtad y por temor a represalias por parte de otros funcionarios que puedan declarar.
Sin embargo, la autoridad judicial consideró que no fueron suficientes estos argumentos y señaló que debido a que Cristian padece cáncer requiere de atención médica y sustraerse de la justicia podría poner en riesgo su vida.
Respecto a la contratación de equipo en el Sistema Estatal de Radio y Televisión en la anterior administración y un supuesto uso irregular del mismo, dijo que las investigaciones siguen en proceso de integración en la PGJH.
EN CASO MORA, SIGILO
Al ser cuestionado sobre que el excontralor César Mora Velázquez se encuentra presuntamente prófugo de la justicia, dijo que prefería no informar debido al sigilo de las carpetas de investigación.
Sin embargo, señaló que la PGJH tienen órdenes de aprehensión pendientes de cumplementar derivado de las investigaciones de la Estafa Siniestra, un mecanismo de desvío de 522 millones de pesos de recursos públicos, a través del pago de servicios y obras no realizadas con empresas fachada, en el cual están involucrados 13 gobiernos municipales y dos secretarías de la administración del exgobernador Fayad Meneses.
