El titular de la Secretaría de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, descartó que busquen debilitar al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH), luego de haberles disminuido el salario a sus integrantes de aproximadamente 40 mil a mil pesos y señaló que la decisión se debe a que, consideró, no combaten la corrupción.
Esto luego de que Lucero Calderón Hernández, integrante de la instancia colegiada, señaló que esta decisión proviene del gobierno estatal, principalmente del contralor, y dijo que se busca debilitarlos y que se hagan “a un lado”.
Bardales Ramírez indicó que la decisión fue tomada de manera colegiada por todos los integrantes del Comité Coordinador, entre ellos los titulares de la Auditoría Superior del Estado (ASEH), la Secretaría de la Contraloría, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de Transparencia, entre otros.
Dijo que esto se debió a que, tras analizar los informes de actividades de los integrantes del CPC, las acciones que llevan a cabo no corresponden a las que les corresponden por su designación. Señaló que Calderón Hernández dijo que había llevado a cabo más de 350 talleres con dependencias públicas para la implementación de mecanismos que ayuden a prevenir la corrupción y fomentar la participación ciudadana; sin embargo, señaló que no fueron designados para capacitar.
“Su papel fundamental y principal era el combate a la corrupción. No puede ser posible que tengan ahí (en el cargo) de 1 a 5 años y nunca hayan manifestado una sola acción en contra de la corrupción.
Pero voy más allá, cuando nosotros entramos a esta administración el 5 de septiembre (de 2022) nosotros hicimos público un problema de corrupción mayúsculo en el estado de Hidalgo (Estafa Siniestra). No es posible que todas las entidades estuviéramos señalando y ellos, el propio Consejo de Participación Ciudadana, encargado de combatir la corrupción, hasta este momento no hayan hecho una sola manifestación. No han hecho público ningún comentario, no han hecho ninguna denuncia, no han hecho ninguna reunión, no han manifestado absolutamente nada. Lógicamente es que los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción teníamos que poner un alto, teníamos que hacer un señalamiento”, refirió en entrevista con medios de comunicación.
Respecto al salario de los integrantes del organismo ciudadano, aclaró que en total cada uno le cuesta 40 mil pesos mensuales al erario público con impuestos. Por lo que dijo que ahora sus honorarios, que tiene una base de mil pesos al mes, dependerán del trabajo que desempeñen.
Por eso no desapareció, se bajó el honorario. Sí ellos hacen trabajo suficiente pues a lo mejor ganan más de 40 mil pesos”, dijo.
Por lo que descartó que busquen desaparecer al CPC y dijo que se trató de un acto para “ponerlo en orden”. Asimismo, adelantó que convocará a una reunión extraordinaria para solicitarle al Comité Coordinador para que todos los integrantes se pronuncien al respecto de manera conjunta.
Nosotros estamos combatiendo la corrupción, nosotros queremos que se combata la corrupción, es nuestro papel. Nosotros queremos también que ellos combatan la corrupción, no los queremos nada más evitando que se combata la corrupción, porque parece que es eso”, sostuvo.
Finalmente, el Contralor señaló a Lucero Calderón de ser la única integrante de la instancia colegiada de estar inconforme con dicha determinación y dijo antes de asumir el encargo era una funcionaria pública que había trabajado antes en la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal y en la misma dependencia del gobierno municipal de Pachuca, por lo que consideró que “no era una ciudadana”.
Además, dijo que puede acudir a las instancias correspondientes para apelar dicha determinación si así lo desea.
Editor general, reportero