Luego de que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH) aprobó disminuirles el salario a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) de 36 mil a mil pesos mensuales, Lucero Calderón Hernández, integrante de la instancia colegiada, consideró que esta decisión proviene del gobierno estatal y dijo que se busca debilitarlos y que se hagan “a un lado”.
Estas acciones son para querer callar a la ciudadanía, que no nos podamos involucrar. Entonces lo que no queremos hacer ahorita es irnos para atrás, hacernos a un ladito, porque entonces sería aceptar que realmente el Comité de Participación Ciudadana no sirve y nada más lejos de la realidad”, refirió en entrevista con medios de comunicación.
Respecto a las declaraciones del titular de la Secretaría de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, respecto a que la reducción de los salarios se debió a la baja productividad de su trabajo, Calderón Hernández lo negó y dijo que una muestra de ello es la política estatal anticorrupción.
Asimismo, dijo que en su caso ha impartido más de 350 talleres con entes públicos estatales y municipales para que implementen diferentes mecanismos que ayuden a prevenir la corrupción y fomentar la participación ciudadana. Además, indicó que con su salario paga viáticos, traslados y demás gastos para poder realizar su labor, como trasladarse a los diferentes municipios de la entidad.
No hay baja productividad, realmente hay trabajo que nos sustenta a todos y pues el principal es la política (anticorrupción), están los trabajos del programa de implementación”, refirió.
La integrante del CPC consideró que el principal involucrado en esta determinación es Bardales Ramírez, quien la llevó a través de Sergio Carlos Jiménez Márquez, expresidente de la instancia colegiada, debido a que fue quien convocó al Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEAH a una sesión extraordinaria, el 31 de marzo pasado, donde no estuvieron los demás integrantes del primer ente, para proponer dicha reducción (avalada por unanimidad) y después renunció al cargo.
También dijo que analizan la posibilidad de buscar revertir esta determinación por la vía legal, como puede ser a través de un amparo, y no descartó que con estas acciones el gobierno estatal busque desaparecer al CPC.
Yo apelo a la congruencia del gobierno, del gobernador (Julio Menchaca Salazar), de todo el Poder Ejecutivo, porque traen un discurso muy fuerte de combatir la corrupción, y creo que estas acciones más allá de fortalecer eso, pues lo que están haciendo es debilitarlo e ir en contra de ese mismo discurso”, mencionó.
Por su parte, las diputadas locales Carmen Lozano Moreno y Citlalli Jaramillo Ramírez se pronunciaron en contra de esta decisión y pidieron que sea restituido el pago de honorarios a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEAH, pues señalaron la ley en la materia establece que los miembros de este órgano no pueden desempeñar algún otro cargo ni trabajo que no les permita llevar a cabo sus funciones.
