De las más de mil 500 personas que iniciaron denuncias en Hidalgo por el delito de tortura, el 90 por está inlocalizables al salir de prisión, afirmó Javier Baños Morales, fiscal Especializado para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Tortura en la entidad.
“Resulta que cuando hacemos la investigación, pues esas personas al salir de estar detenidos o de la cárcel, obviamente ya no están localizables, además de que muchos de ellos dan nombres falsos, o sea que no están localizables”.
dijo en entrevista.
El integrante de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) indicó que del otro 10 por ciento se encuentran integrando las carpetas, y para determinar si hubo un posible delito de tortura, se les aplicará a los denunciantes el Protocolo de Estambul.
El fiscal indicó que en este momento no cuentan con los peritos especializados porque, sostuvo, los que ha tenido la dependencia se fueron en busca de mejores opciones de trabajo.
“Estamos en eso, espero que se integren los peritos que necesitamos, que son necesarios para determinar si existe o no el delito”, expreso.
Por ahora, la fiscalía solamente tienen un perito en psicología, por lo que requiere otro y uno certificado en la aplicación del Protocolo de Estambul.
Afirmó que hay muchos abogados defensores que, a través de la denuncia de tortura, tratan de “tirar” las declaraciones en las cuales sus clientes se de dijeron confesos o señalaron a copartícipes de algún delito.
“Para que ellos puedan salir de la cárcel, porque obviamente el decretar que sí hubo tortura, al comprobarse, qué va a pasar con ese delito si esas declaraciones son nulas, pues obviamente van a salir de la cárcel”.
afirmó.
Baños Morales agregó que en 20 años se acumularon más de mil 500 denuncias por ese ilícito de lesa humanidad.
El funcionarios indicó que recibió el cargo, hace más de un mes, con mil 535 carpetas de investigación. En su gestión se han iniciado otras 15 denuncias contra elementos de la corporación y seguridad, incluyendo los celadores de los reclusorios. Con ello suman mil 550 expedientes en la PGJH.
“En la fiscalía vamos a procurar que no sean vulnerados sus derechos humanos, la tortura es la principal violación de derechos humanos y tenemos indicaciones del gobernador de que estemos atentos, de que supervisemos las carpetas, de que se les haga justicia a todos”, aseveró.
De ser positivos los casos tras la aplicación del protocolo, estos se judicializan y un juez determina si hubo o no el delito, agregó.
DatoAcro
Por población, Pachuca es la zona donde hay más denuncias por el delito tortura en el estado, agregó el fiscal.
Editor general, reportero