Insiste Congreso a jueza que informe sobre situación jurídica de alcalde de Calnali

A cuatro meses de haber sido vinculado a proceso por el delito de negociaciones indebidas agravadas, diputados locales solicitaron de nuevo a Janet Montiel Mendoza, jueza Penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca, que informe la situación jurídica en la que se encuentra Isaid Acosta Téllez, presidente municipal de Calnali.

Durante la sesión de este jueves, el diputado Fortunato González dio lectura a un escrito firmado por diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, en la que informaron haber acordado hacer dicha petición a la funcionaria judicial, para tener “la certeza clara” de la vinculación a proceso y si se ha dado cumplimiento con la medida cautelar interpuesta al alcalde, debido a que no han tenido respuesta a pesar a solicitar la información hace semanas.

Asimismo, en el oficio señalaron que el 8 de mayo pasado venció el plazo establecido por la ley para resolver el asunto turnado, en el que deben resolver si Acosta Téllez es separado de su cargo por el proceso penal que enfrenta. Por ello, también acordaron prorrogar el plazo por 20 días hábiles más para resolver el asunto.

El 13 de marzo se informó al Congreso local que la jueza de control Montiel Mendoza envió un oficio en el que informó la vinculación a proceso de Acosta Téllez y otra persona, por el delito de negociaciones indebidas agravadas.

Durante la lectura de las comunicaciones oficiales de la sesión de ese día, la diputada Marcia Torres González señaló que este acto ocurrió en la audiencia inicial de fecha 10 de enero pasado, correspondiente a la causa penal 1109/2022. Por ello, instruyó que el asunto fuera turnado a la Comisión de Gobernación para su resolución.

En este asunto, Isaid Acosta (quien fue directo de Obras en la pasada administración local) y Miguel Jiménez Espinosa, expresidente municipal de Calnali, obtuvieron una salida alterna al proceso penal y deben pagar una reparación del daño por 2 millones de pesos.

Asimismo, la defensa de los imputados planteó una suspensión condicional del proceso de 6 meses. Por lo que, una vez que cumplan con las condiciones impuestas por la jueza de control, habría una extinción de la acción penal y la causa se sobreseería, por lo que los imputados no tendrían antecedente penal al no haber sido sentenciados, a pesar de que son señalados de haber otorgado diversos contratos de obra a una empresa constructora y realizaron compras discrecionales con una comercializadora de manera indebida, por un monto de 5 millones de pesos, durante el periodo del 5 de septiembre de 2016 al 4 de septiembre de 2020.

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