Por presentar una prueba “toral” con “bajo peso” probatorio, el juez de control Luis Raúl González Becerra determinó no vincular a proceso a la exalcaldesa de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán, a quien el MP imputó el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades por presuntamente haber firmado la jubilación de Teresa Martínez Barrera, su exdirectora de Recursos Humanos (administración 2016-2020), pese a solo haber laborado 3 años en el ayuntamiento.
Durante su resolución efectuada a las 21:16 horas de este jueves, el juzgador consideró que la copia simple del convenio con el que la exfuncionaria panista cobró indebidamente 84 mil 447 pesos como pensión -pues no tenía 25 años de antigüedad-, la cual fue presentado como el “argumento toral” por la representación social contra la panista, no tiene el peso probatorio suficiente para procesarla.
Además, señaló que dentro de los datos de prueba de la cauda penal 21/2023 no se entrevistó a Teresa para robustecer la teoría del caso.
La eficacia de prueba del documento, con fecha de 4 de junio de 2020, es demasiada baja para considerar la probabilidad que Tellería Beltrán haya cometido el delito, expuso González Becerra.
Tras señalar que se presentaron dictámenes de contabilidad y que hubo depósitos económicos, afirmó que ilegalidad del pago de jubilación no se pone a debate, pero cuestionó la forma en que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) pretendió demostrar la culpabilidad de la exalcaldesa, pues “tiene escasa información”.
Expuso que la representación social debe dar mayor peso probatorio y mencionó que Teresa no tuvo calidad de testigo, lo que hubiera sido importante para “robustecer” la teoría del caso. En su momento, dijo, también puede ejercer acción penal contra la exfuncionaria.
Sin embargo, dijo que el MP puede continuar con las investigaciones y solicitar en otra audiencia, con más elementos, un nuevamente un auto de vinculación a proceso. Por el momento, insistió, no se prueba al existencia del convenio.
QUÉ LE IMPUTO EL MP
Durante la formulación de imputación en audiencia efectuada en la sala 5 de los juzgados de penales de Pachuca, la representación social señaló que la exfuncionaria se jubiló con solo 3 años, 4 meses y 29 días en el cargo, el 4 de junio de 2020, cuando se requieren 25 años, por lo que cobró indebidamente más de 84 mil 447 pesos de pensión (incluido vales de despensa). Por ello, presumió que hubo falseo de información.
La excolaboradora de la albiazul ingresó a laborar al ayuntamiento el 5 de enero de 2017: no cumplía con los requisitos para gozar de ese derecho, por lo que insistió en la ilegalidad del convenio.
El director jurídico del ayuntamiento, Hugo Armando Vázquez Reséndiz, quien en enero de 2021 presentó la denuncia, dijo que la expresidenta tampoco pidió autorización al Cabildo para otorgar este beneficio a su subalterna.
Por su parte, la defensa de la exedil expuso que el documento del convenio es una copia simple y que “no hay certeza” de que esté en los archivos jurídicos del ayuntamiento, postura que el juez convalidó con el auto de no vinculación a proceso tras tres horas de deliberación.
Asimismo, alegó que en la Junta de Conciliación y Arbitraje no se formalizó el convenio de jubilación en favor de la exdirectora, quien en enero de 2019 cambió su categoría de directora D a directora F, lo que le dio un mayor salario (pasó de 23 mil a 26 mil pesos de salario).
El abogado sostuvo que Martínez Barrera fue quien se cambió la categoría, conforme a la declaración de su subalterno de nombre Victor Hugo, parte de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público. Por ello, dijo que es “imposible” imputar a Yolanda.
“Es evidente que la carga para beneficiarse es de ella (la subalterna)”, dijo el abogado en su intento de deslindar de responsabilidad a la panista.
A ellos, la representación social dijo que la copia simple del convenio se “concatena” con los depósitos en favor de la exdirectora de Recursos Humanos y los recibos de nómina, por lo que el dinero fue erogado. Asimismo, reiteró que todos los pagos eran autorizados por la presidencia municipal.
Asimismo, Vázquez Reséndiz recordó que Martínez Barrera promovió al demanda 412/2021 ante el Tribunal de Arbitraje por la suspensión de la “pensión ilegal”.
No puede argumentar (la defensa de la exedil) que Teresa los hizo de manera aislada, no puede decir que no sabía (del movimiento irregular)”, sostuvo,
NIEGA TELLERÍA FIMA DE CONVENIO
En entrevista tras finalizar la audiencia, Tellería Beltrán negó haber firmado el convenio, por lo que sostuvo que la jubilación y pensión a su colaboradora no está fundamentada.
“Si se hicieron algunos pagos, como se comentaron, pues son situaciones internas (…) La licenciada Teresa estuvo como mi directora de Recursos Humanos hasta el 4 de septiembre (de 2020) que yo terminé la administración, no como jubilada”, expresó.
Dijo que la gente de Recursos Humanos, que encabezaba la beneficiaria de la jubilación ilegal, son los responsables de “vigilar y efectuar las nóminas cada quincena. Pidió que se haga “la investigación correspondiente”.
Hasta el momento, dijo no tener otra notificación por otro procedimiento en su contra, pero sostuvo que atenderá todos llamados que hagan las autoridades, pues aseveró que su administración se condujo “con toda la responsabilidad y honestidad”.
Las vences que me convoquen yo estaré presente. Yo tengo la conciencia tranquila (…) duermo muy bien todas las noches”, expresó, al tiempo de señalar que el pago de los 84 mil pesos a Teresa “es un daño mínimo a la administración”.
Telera Beltrán rechazó calificar si la investigación en su contra es un asunto político, pero dijo que “hay cosas mayores”.
Sostuvo que permanecerá en Pachuca y que no tiene intensión de dejar la ciudad.
DatoAcro
-El 23 diciembre de 2022, la jubilación de Teresa fue cancelada por acuerdo de Cabildo.
-La panista estuvo acompañada en la sala de audiencias por su esposo, el exdiputado Daniel Ludlow Kuri. Por parte del municipio acudió la síndica procuradora Liliana Mera Curiel.
Editor general, reportero