Pide Menchaca elevar a rango constitucional el derecho a una buena administración pública 

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, propuso elevar a rango constitucional el derecho humano a una buena administración pública, por lo cual envió una iniciativa al Congreso local para reformar la Constitución Política estatal.

De acuerdo con su propuesta, se establece que toda persona tiene derecho a una buena administración pública y a sus derechos derivados, que consisten en recibir un trato imparcial, objetivo y justo en el despacho de sus asuntos de carácter público, los cuales deberán ser resueltos oportunamente.

Asimismo, a la resolución de sus asuntos se realizarán conforme a los principios de eficacia, eficiencia, honestidad, honradez, austeridad, racionalidad, ética, legalidad, transparencia, rendición de cuentas, inclusión igualdad y equidad.

Por lo que las autoridades y servidores públicos tendrán la obligación de orientar sus acciones a lograr el bienestar de la sociedad, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme a lo establecido en las constituciones políticas de México e Hidalgo, así como en los tratados internaciones de los que el estado mexicano sea parte.

También se tendrán que incorporar mecanismo de gobierno digital en la gestión pública, además de promover y fomentar la inclusión digital de los ciudadanos.

Con esta iniciativa, señala el gobernador morenista, se busca destinar los recursos económicos y de capital humano que sean necesarios para la buena atención a las demandas de la población hidalguense, colocar a los ciudadanos en el centro de las intervenciones de la administración pública y que los servicios públicos funcionen correctamente acorde a las necesidades reales a las necesidades de los ciudadanos.

Además, señala que Hidalgo se sumaría a la Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán, como las únicas entidades del país que contemplan en su constitución local el derecho de las personas a una buena administración pública.

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