Pide juez que realizar estudios en hospital particular a exdirector de SRTH y que familiares paguen

Luego de que el exdirector del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SRTH), Cristian B.G., se rehusó a que se le practicaran unos estudios médicos en el Hospital General de Pachuca y solicitó ser atendido en un nosocomio privado de la Ciudad de México a costa del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, un juez le requirió al director de la prisión que permita se le realicen los ensayos clínicos en una clínica particular, “siempre y cuando” los gastos sean cubiertos por los familiares del imputado por la pérdida de 11 concesiones radiofónicas.

De acuerdo con información del último auto del amparo que promovió el exfuncionario de la administración del exgobernador Omar Fayad Meneses contra la negativa a brindarle atención médica, el encargado del centro penitenciario respondió, en su informe, sobre la suspensión de plano, que no tiene inconveniente alguno en que se realice el estudio que solicitó el exfuncionario, a quien se le acusa del delito de ejercicio indebido del servicio público agravado.

No obstante, refirió que, para ser trasladado a cualquier institución de salud pública o privada, por protocolo de seguridad es indispensable contar con una referencia expedida por un médico autorizado que sustente el motivo de cada traslado de personas privadas de su libertad.

Lo anterior, para evitar que evada la justicia, por lo que el funcionario buscó contar con la valoración de un especialista del Hospital General de Pachuca, para que determinara si es necesario realizar los estudios al quejoso y en su caso expidiera las referencias necesarias para efectuar el traslado.

Asimismo, el director del Cereso de Pachuca manifestó que ha continuado con la gestión de la atención medica al exdirector del SRTH, para lo cual remitió un oficio de contestación a su solicitud de apoyo, en el cual se cita al imputado este jueves, en las instalaciones del Hospital General de Pachuca, para ser valorado.

Por otra parte, el juez le insistió al funcionario penitenciario a que investigue en qué instituciones públicas puede realizarse los estudios que el quejoso requiere, así como el tratamiento que necesita para el cáncer de tiroides que padece. Debido a que este dejó de ser derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde era atendido.

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